La estabilidad fiscal en juego en 2025

El pronunciamiento del 17 de febrero de 2025 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) confirma lo que muchos economistas advertimos: la situación fiscal del país sigue deteriorándose y las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para frenar el problema. El 2024 deja cifras preocupantes. El déficit llegó al 6,8% del PIB, por encima del 4,3% registrado en 2023. La deuda alcanzó el 60% del PIB, cambiando la tendencia de disminución de la deuda que se había logrado entre 2021 y 2023. A pesar de estos números, el gobierno afirma haber cumplido con la regla fiscal, pero lo hizo gracias a una maniobra contable: el uso de las transacciones de única vez (TUV) por $31,9 billones aprobadas por el CONFIS. Las TUV fueron una maniobra técnicamente discutible que no se había empleado antes, que daría para muchas columnas. Sin estas operaciones extraordinarias, según las CARF, el balance primario neto estructural habría sido de -1,8% del PIB, incumpliendo la regla fiscal. El CARF advierte que las finanzas públicas están en una posición frágil y que la presión sobre tasas de interés y la inflación se mantendrá. La caída en el recaudo tributario de 2024, que fue $71,2 billones inferior a lo programado, tendrá efectos persistentes en 2025 y más allá. Para el 2025, la situación no mejora. El plan financiero del gobierno proyecta un déficit de 5,1% del PIB y una deuda del 60,6%, aún lejos del ancla fiscal del 55%. Para cumplir la regla fiscal, se requieren ajustes por $46 billones, ya sea en ingresos o en gastos. Sin embargo, el CARF considera que los ingresos proyectados por el gobierno son demasiado optimistas: la meta de recaudo es $34 billones superior a su estimación, lo que sugiere que el desbalance podría ser aún mayor. Uno de los mayores problemas es el pago de intereses de la deuda, que absorberá uno de cada tres pesos recaudados. Esto limita los recursos disponibles para inversión social y obliga a tomar decisiones serias sobre la reducción del déficit. Además, según el CARF, existen presiones fiscales adicionales que no se han incluido en el escenario base, como los compromisos de gasto aplazados de 2024 y el impacto del aumento del salario mínimo, que podrían sumar hasta $28,5 billones adicionales al problema. El CARF es claro: sin medidas estructurales, la sostenibilidad fiscal seguirá en riesgo. No basta con maniobras contables como las TUV o estrategias de manejo de caja que solo postergan el problema. Es momento de decisiones firmes: ajustar el gasto, reformar la estructura tributaria y garantizar que las finanzas públicas sean viables a largo plazo. El gobierno tiene la responsabilidad de estabilizar la economía antes de que la situación se torne aún más crítica, pero no parece que el gobierno tenga esto dentro de sus planes para el 2025 o 2026.

(Una versión de esta columna de opinión fué publicada en el diario el País de Cali el 1 de marzo de 2025)