Otra reforma a medias

La propuesta que se llevará al Congreso para financiar la seguridad aplaza otra vez la salida al lío fiscal del país.

Finalmente, después de muchas especulaciones y comentarios, el Gobierno divulgó los lineamientos de la propuesta de reforma fiscal que presentará al Congreso el próximo 20 de julio con el fin de obtener más ingresos para financiar la seguridad democrática.

Primero se propone recortar algunos beneficios tributarios relacionados con la reinversión de utilidades y el descuento por inversión en activos fijos productivos. Y segundo, se espera modificar el impuesto al patrimonio para que su cobro no termine en 2011 y cubra patrimonios desde dos mil millones de pesos “sin volver a este tributo permanente”.

Desde hace ya una década, es claro que las finanzas del Gobierno Central requieren un cambio trascendental.

Si bien no estamos al borde de una ‘hecatombe fiscal’, desde 1996 es claro que los impuestos no alcanzan para pagar los gastos. Este es un problema estructural de nuestra economía y no se debe a la caída en el crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, las soluciones de los gobiernos de turno a este problema han sido por retazos y no se ha propuesto una solución de fondo, por falta de voluntad política.

Para resolverlo se ha intentado aumentar los ingresos creando tributos ‘transitorios’, como el ‘dos por mil’ en el Gobierno Pastrana, o el impuesto al patrimonio, en el primer mandato de Uribe. Y finalmente, esos remedios transitorios que se diseñan para emergencias terminan siendo necesarios para mantener año tras año la estructura de ingresos del Gobierno, y se convierten en permanentes.

Los impuestos tienen normalmente cuatro objetivos. El primero es reunir los recursos que requiere el Gobierno para su funcionamiento. El segundo es cambiar la distribución del ingreso, ojalá de tal manera que los que reciben más ingresos paguen más impuestos, y financien la provisión de servicios que los ciudadanos de bajos ingresos no pueden tener sin la ayuda del Estado. El tercer objetivo es hacer pagar, total o parcialmente, a alguien por los beneficios que está recibiendo de la acción del Gobierno. Y el último es cambiar el comportamiento de los ciudadanos u organizaciones; un ejemplo de esto es cobrar menos impuestos a quienes invierten en Colombia.

Naturalmente, en muchas ocasiones estos objetivos chocan entre sí. Por ejemplo, al permitir a los empresarios que se establezcan en zonas francas, se ponen en tensión dos objetivos: recaudar más ingresos y cambiar el comportamiento de las firmas para que inviertan más. Así, un sistema de tributos tiene que estar pensado de manera integral para que las tensiones entre estos cuatro objetivos no terminen abriendo un gran hueco fiscal o brindando incentivos errados al sector privado.

Desafortunadamente en nuestro país hace muchos años no se realiza una reforma tributaria integral. Sólo se hacen pequeños cambios para cumplir con el objetivo de recaudar más. Pero el problema de agregar tributo tras tributo y modificar los ya existentes por pedazos, es que la estructura de impuestos termina siendo una colcha de retazos, como la que tenemos hoy. Y al tratarnos de cubrir la cabeza con esa colcha, nos descobijamos los pies. ¿Hasta cuándo le seguiremos haciendo remiendos? La propuesta del Gobierno no soluciona el problema de fondo y lo único que hace es taparse la cabeza. ¿Será posible tener una verdadera reforma tributaria en año electoral?

(ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS DE CALI EL 7 JULIO DE 2009)

¿Y el plan de salvamento?

La economía decreció en un 0,6% en el primer trimestre del 2009 con respecto al mismo período del año anterior. Así, la economía colombiana ha experimentado dos trimestres seguidos de caída en el valor de los bienes y servicios producidos; es decir, entramos oficialmente en recesión.

Por tanto, la afirmación del Ministro de Hacienda el año pasado, expresando que el país estaba blindado, la desmienten los hechos. Es claro que el Gobierno no reaccionó a tiempo y sólo en marzo de este año se empezaron a ver las primeras medidas para evitar los efectos de la crisis internacional. Pero han sido pocas y muy tímidas. El Gobierno no ha presentado un paquete serio y estructurado para salir de la ahora confirmada recesión.

Esta forma de afrontar una crisis por parte del equipo económico contrasta con la agilidad y sobre-reacción del equipo de salud pública del

Gobierno ante la amenaza del virus AH1N1. En este último caso, el Minprotección Social atacó el problema rápidamente y creó las defensas y el sistema de alertas que han permitido tener bajo control, hasta ahora, este virus. Pero el Gobierno no ha hecho un buen trabajo en ‘blindar’ la economía y esa tarea ha recaído en el Banco de la República.

La forma convencional de afrontar una recesión es emplear un plan de choque que acelere el gasto del Gobierno para permitir que la economía se recupere. Ahora bien, en nuestro caso los datos están mostrando que el Gobierno optó por una aproximación diferente. Fedesarrollo, en un documento que analiza la coyuntura legislativa, muestra que el ante-proyecto de presupuesto nacional para el año 2010 presenta una diminución real de 1,7% (sacando el pago de intereses). La razón de esto es que no se ahorró en tiempos de vacas gordas y no hay espacio para aumentar el gasto.

De esta manera, el presupuesto para el 2010 revela que el plan de choque del Gobierno Nacional no existe. Por ejemplo, de los $55 billones que se prometieron para impulsar el gasto en infraestructura, 58% corresponden a inversión del sector privado, y 24% será invertido por Ecopetrol, especialmente en proyectos por fuera del país. Lo más sorprendente es que sólo el 11% de los $55 billones del plan de choque está en el anteproyecto de presupuesto, pues el resto corresponde a ejecuciones de los municipios y departamentos.

Es todavía más preocupante saber que la entidad que aumentaría en mayor proporción el gasto para el 2010, de acuerdo al anteproyecto, sería la Registraduría (aumento del 285%); seguida por la Defensoría, la Rama Judicial, la Contraloría, la Cancillería y el Congreso. Sólo el aumento de 38% en el programa de Familias en Acción corresponde a lo que uno esperaría fuera un plan de choque. Por otro lado, preocupa la disminución del presupuesto de Invías en un 68%, y la disminución del 2% en el presupuesto del Ministerio de de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este último encargado de impulsar la Vivienda de Interés Social. Estas disminuciones son la antítesis de lo que se espera sea un plan de choque. Así, parece que la suerte de la economía colombiana está dependiendo de que el ambiente internacional mejore, pues el paquete de medidas internas no es serio. ¿Dónde está el equipo económico del Gobierno?

(ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS DE CALI EL 27 DE JUNIO DE 2009)