lunes, 5 de febrero de 2018

Inflación: de regreso a la meta en 2018.

La inflación del 2017 fue de 4,09 %. Este valor, es inferior a lo observado en 2016 (5,75 %) y muy cercano pero superior al rango meta establecido para la inflación por el Banco de la República. La meta era una banda entre el 2 % y 4 %. Es más, la junta del Banco Central al bajar la tasa de interés en su primera reunión del 2018 manda una señal clara de que están convencidos de cumplir la meta en 2018. Estas noticias son buenas. Pues con el pequeño “descache” del 2017 se cumplió una racha de tres años en los que no se consumaba la meta. Es importante recordar que el Banrep empezó a fijar rangos como metas de inflación desde el año 2002. Es decir, ya hay una tradición de 16 años con un rango meta para la inflación. De esos 16 años, 7 veces se ha cumplido la meta y 9 no. Es decir, un record de 56,25 % de incumplimiento de las metas. Para 2002 y 2003, el rango meta no se cumplió. Tras dos años continuos de no cumplir la meta, en 2004 la meta se cumplió por primera vez, empezando una racha de tres años seguidos de aciertos en la meta. En el periodo 2007 - 2009 se completó nuevamente una racha de 3 años seguidos en los que no se cumple la meta. En 2010, 2011 y 2012 se cumplió de nuevo la meta. Es decir, una racha de 3 años de cumplimiento. Para el 2013, la meta no se cumple. En 2014, la inflación regresa a estar en el rango meta. En 2015 no se cumple la meta iniciando esta última racha de 3 años sin cumplir la meta. El “descache” fue de un 69,3% solo comparable con el que ocurrió en 2008 (70,4 %). Para el 2016 no se cumplió nuevamente la meta. La inflación fue de 5,75 % frente al rango meta de 2 % y 4 %. Un “descache” del 43,7 %; el tercero más alto en estos 16 años de historia de rangos meta. En otras palabras, llevábamos dos años con inflaciones relativamente lejos del objetivo establecido. Para 2017 el rango meta cumple su octavo año consecutivo en el nivel entre 2 % y 4 %. Y como se mencionó, no se acertó, pero esta vez se quedó muy cerca. Un “descache” de tan solo el 2,3 %. Así, se cumple nuevamente una racha de tres años en los que no se consuma la meta. Pero ahora si estamos muy cerca de la meta. Es importante resaltar que el cumplimiento de la meta de inflación hace que se mantenga la credibilidad de las metas fijadas por el Banco Central. Ese es un activo invaluable para el país. Cuando la meta es creíble, ésta sirve como guía para la formación de expectativas de los ciudadanos; pero si ésta no es creíble no se tomará en cuenta, por ejemplo, al momento de fijar precios, aumentos salariales, etc. El resultado de la inflación en 2017 va en la dirección correcta: muy cerca de la meta y el 2018 será importantísimo para retomar la credibilidad de la meta de inflación que establece el Banrep, pues un record de incumplimiento del 56,25 % del objetivo en los últimos 16 años no parece un buen record. Al inicio del año, todo pareciera indicar que se cumplirá la meta. Dado que para todos los colombianos es muy bueno que la meta se cumpla, esta es tal vez la mejor noticia económica de inicio del año. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario el país de Cali el 5 de febrero de 2018)

martes, 9 de enero de 2018

Competitividad y Finanzas Públicas, las otras caras de la moneda del aumento del Salario Mínimo

El salario mínimo es uno de esos precios que afectan muchos aspectos de una economía como: el ingreso de los hogares, la competitividad de las empresas y las finanzas públicas. Sobre el efecto del aumento del 5,9 % en el salario mínimo en los presupuestos de los hogares ya se ha discutido relativamente mucho en estos días. Claramente, desde la perspectiva de los hogares el aumento de 43.525 pesos es bajo y no parece generar un cambio sustantivo en el poder de compra de los hogares. Esto llevaría a pensar que entonces el aumento debería ser más grande. Pero antes de saltar a una conclusión como esta se debe tener en cuenta las serias implicaciones que tiene sobre las finanzas públicas y las empresas un aumento más grande. En el sector público, buena parte de los salarios se expresan en salarios mínimos o la negociación de su aumento se encuentra influenciada por el aumento del salario mínimo. Así, es fácil prever que, aún si no existiese un nuevo puesto de trabajo en el sector público en 2018, la nómina del sector público estaría aumentando en un 5,9%. Adicionalmente, las mesadas de las pensiones aumentan con el salario mínimo y buena parte de estas se financian directamente por el presupuesto nacional. Los colombianos dedicaremos aproximadamente el $41.1 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (GNP) de la nación para pagar las pensiones; es decir, aproximadamente el 17,4 % del GNP para 2018. Esta cuenta aumenta si el salario mínimo aumenta. Esto no es despreciable dada la apretada coyuntura de las finanzas públicas. Así, cuando se aumenta el salario mínimo también existe una presión sobre el presupuesto nacional y en últimas se tendrá que escoger de donde sacar el dinero que cubrirá el aumento: de gastar menos en inversión pública, educación, salud o gasto social, de disminuir los empleados públicos, de aumentar los impuestos o de endeudarse más. Las tres últimas opciones parecen cerradas para 2018. Así que pensar en un aumento mayor en el salario mínimo implicaría un gran impacto sobre la inversión y el gasto social. Para un empresario el aumento del salario mínimo implica un aumento de los costos de la nómina. En especial, para las pequeñas y medianas empresas la nómina puede implicar un porcentaje sustancial de sus costos de producción. Así, un aumento en el salario mínimo implicará un desbarajuste de las ya asfixiadas finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Para contrarrestar los salarios más altos de los empleados, las empresas se verán ante una disyuntiva: aumentar los precios de los bienes que venden o recortar la nómina para mantener los costos a raya. Aumentar los precios no es tan sencillo, pues en la mayoría de los casos se puede estar enfrentando en los mercados tanto locales como internacionales a bienes producidos en otros países por empresas que no están enfrentando ese aumento en los costos. Es decir, podrían estar en una situación en la que los productos colombianos suban y los extranjeros no, conllevando a una reducción en las ventas, la disminución de los ingresos y una rentabilidad más baja. En las economías abiertas al comercio exterior como la colombiana, trasladar los mayores costos internos a precios tiene sentido si existe una fuerte devaluación. Es decir, cuando el dólar está subiendo de precio rápidamente, de tal manera que los precios de los productos importados en el mercado local también están subiendo por el efecto de la tasa de cambio. Pero ese no es el escenario en Colombia en la actualidad. Es decir, que los empresarios podrán subir sus precios, pero no desbordadamente, porque perderán competitividad. Esto implica que el aumento en sus costos probablemente no se podrá trasladar totalmente a los precios. En este escenario, un aumento del salario mínimo mayor puede implicar empresarios con menos recursos. De tal manera que se enfrentaría a decisiones de disminuir o eliminar las mejoras en maquinaría y equipo, las nuevas contrataciones, las bonificaciones, el servicio de la deuda y la producción. Así, la decisión de subir el salario mínimo no es una decisión fácil e implica un fino balance entre los efectos de corto plazo sobre el poder de compra de los hogares, la estabilidad de las finanzas públicas y la competitividad de las empresas. No es una tarea fácil. (Una versión de esta columna de opinión fue publicada en el diario el País de Cali)