En Cali se están cocinando empresas de talla mundial y esta ciudad tiene las semillas para sembrar una nueva economía. En la actualidad, parece casi titánico para las empresas colombianas de tamaño mediano y pequeño participar en los mercados mundiales y, además, competir a la par de grandes empresas. Pero en el Valle, y en especial en Cali, se están creando empresas que le permitirán a la economía caleña dar un salto cualitativo y cuantitativo en su participación en el comercio internacional, en la calidad de los trabajos que se crean y en la generación de riqueza. Lo más interesante de este proceso es su naturaleza.
El primer ejemplo se encuentra en un proyecto financiado por Proexport y ejecutado por el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad Icesi en cabeza de la profesora Mónica Franco. El CDEE ha facilitado que pymes caleñas se sienten y cooperen para exportar. Estas pymes que aún compiten en el mercado interno ahora han conformado, o están conformando, una empresa comercializadora internacional que se encarga de vender sus productos en el mercado internacional.
Es decir, si bien estas pymes siguen compitiendo en el mercado local entre sí, se ponen de acuerdo para trabajar conjuntamente en la busqueda de nuevos mercados por fuera de Colombia. De esta manera, se han sentado alrededor de 55 pymes caleñas para armar cinco comercializadoras.
Los sectores que cubren estas empresas van desde snacks y panadería hasta ropa infantil, pasando por las artes gráficas, industria del huevo y turismo. Esta es una buena noticia para los caleños. Empresas pequeñas o medianas que por sí solas estarían condenadas a desaparecer o tener un crecimiento limitado han dejado de lado sus rivalidades y cooperan ahora para exportar y generar riqueza para nuestra ciudad. Con seguridad en pocos años estaremos viendo los frutos de esta unión y tendremos cinco redes de empresas de talla mundial.
El segundo ejemplo de empresas de talla mundial se encuentra en el sector cultural. El Banco Interamericano de Desarrollo, Comfandi, la Alcaldía, la Cámara de Comercio de Cali, la fundación Metrópoli Colombia y la Universidad Icesi han unido esfuerzos para desarrollar o potencializar empresas del sector cultural de Cali.
El objetivo de este proyecto de tres años es permitir que en el sector cultural nazcan o sigan creciendo empresas de talla mundial, que permitan generar empleo digno y riqueza para la ciudad, al mismo tiempo que se conservan nuestras costumbres y se lleva la imagen de Cali a todo el mundo.
Los ejemplos destacados de este sector económico en nuestra ciudad son muchos. Sobresalen, por ejemplo, emprendimientos culturales como Delirio, Salsa Cabaret y Antorcha Films. La cultura, es otro de esos sectores de talla mundial que tenemos los caleños.
Pero lo mejor es que la lista de sectores con potencialidades de crecimiento en la ciudad no termina ahí. El sector de la salud y la estética de la región se destaca a nivel mundial y presenta un gran potencial para el futuro de la ciudad.
Y los desarrollos en industrias relacionadas con las tecnologías de información, como el Software, también sobresalen. A estas industrias ya consolidadas en la ciudad podemos sumar el potencial de desarrollo de otras nuevas, como las relacionadas con biocombustibles y bio-polímeros en la región.
Todo lo anterior refleja que hay un panorama promisorio para la economía de la ciudad y muestra que la vocación económica de Cali se está transformando para acomodarse a las nuevas circunstancias del mundo. Esperemos que estos cambios se den con la rapidez requerida y que vayan acompañados con el desarrollo de la ciudad necesita en el futuro inmediato.
Ojalá que en dos años, cuando estemos celebrando el aniversario número 475 de la fundación de Santiago de Cali, podamos estar hablando de un panorama económico para la ciudad muy diferente al que tenemos hoy.
(ESTE ARTICULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS DEL 25 DE JULIO DE 2009)
lunes, 27 de julio de 2009
viernes, 24 de julio de 2009
Monopolios deseables
El viernes, la multinacional Phillip Morris anunció la compra por US$452 millones de su competidor colombiano Protabaco. Esta compra, unida a la adquisición de Coltabaco en el 2005, haría de Phillip Morris la dueña de casi el 80% del mercado de cigarrillos. Pero, si bien la compra ya está acordada, ésta no será definitiva hasta que la Superindentencia de Industria y Comercio acepte la negociación. La Superintendencia deberá definir si dicha concentración de mercado en manos de la multinacional norteamericana pondría en peligro a los consumidores y en general a la sociedad, al disminuir la competencia y la eficiencia que esta última trae.
En general, los economistas estamos de acuerdo en que la competencia entre empresas es mejor para la sociedad como un todo, dado que permite la producción de más y mejores bienes y servicios a precios más bajos. Por eso, la Superintendencia tiene como función encontrar y corregir las prácticas comerciales que restringen la competencia.
A primera vista, la integración de estas dos tabacaleras restringe la competencia y posibilita las prácticas monopolísticas. Pero así como nos gusta la competencia, los monopolios en general nos molestan. La razón es que los monopolios venden menos cantidades que cuando existe competencia, al mismo tiempo que los precios tienden a ser más altos. Pero éste es uno de esos casos en los que la excepción hace la regla. Es decir, el mercado de cigarrillos es uno de esos mercados en los que la sociedad está mejor si no existe competencia. Supongamos que la Phillip Morris hiciera uso de su posición dominante en ese mercado y actuara como un monopolio. Esto implicaría menos cigarrillos a precios más altos. Esto es un resultado magnífico para nuestra sociedad; tendríamos menos fumadores y la factura para la sociedad de los gastos médicos asociados al tabaquismo disminuiría en el largo plazo. La noticia puede ser mala para los bolsillos de los fumadores pero muy buena para la sociedad colombiana como un todo. Y sobre todo para algunos colombianos que no podrán iniciarse en el cigarrillo por tener un costo más alto.
Por otro lado, la Superintendencia tendrá que tener en cuenta el efecto de ésta integración sobre los cultivadores de tabaco, quienes ahora tendrán sólo dos compradores para su cosecha. Este aspecto cobra importancia dado que el negocio de los productos de tabaco en nuestro país ha venido creciendo y está generando nuevas oportunidades de negocio para medianos y pequeños agricultores que han visto aumentar el área cultivada de la hoja de tabaco en regiones como los Santanderes. De hecho, Protabaco tienen un programa para ampliar el área sembrada de tabaco de 4.000 a 14.000 hectáreas en los próximos cinco años. Según Protabaco, se espera que ese proyecto genere unos 25.000 empleos rurales nuevos. En consecuencia, los cultivadores actuales y futuros de tabaco en nuestro país se pueden ver afectados por esta compra al perder poder de negociación.
Entonces, si bien la integración de estas dos compañías puede traer costos a la sociedad colombiana y la pérdida de competencia en un mercado parece no deseable, un comportamiento monopólico en el mercado de cigarrillos beneficiaría la salud de los colombianos y podría estar salvando vidas. Así, al momento de analizar esta compra, la Superintendencia tendrá que tener en consideración más criterios que el de promover la competencia.
(ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI EL 21 DE JULIO DE 2009)
En general, los economistas estamos de acuerdo en que la competencia entre empresas es mejor para la sociedad como un todo, dado que permite la producción de más y mejores bienes y servicios a precios más bajos. Por eso, la Superintendencia tiene como función encontrar y corregir las prácticas comerciales que restringen la competencia.
A primera vista, la integración de estas dos tabacaleras restringe la competencia y posibilita las prácticas monopolísticas. Pero así como nos gusta la competencia, los monopolios en general nos molestan. La razón es que los monopolios venden menos cantidades que cuando existe competencia, al mismo tiempo que los precios tienden a ser más altos. Pero éste es uno de esos casos en los que la excepción hace la regla. Es decir, el mercado de cigarrillos es uno de esos mercados en los que la sociedad está mejor si no existe competencia. Supongamos que la Phillip Morris hiciera uso de su posición dominante en ese mercado y actuara como un monopolio. Esto implicaría menos cigarrillos a precios más altos. Esto es un resultado magnífico para nuestra sociedad; tendríamos menos fumadores y la factura para la sociedad de los gastos médicos asociados al tabaquismo disminuiría en el largo plazo. La noticia puede ser mala para los bolsillos de los fumadores pero muy buena para la sociedad colombiana como un todo. Y sobre todo para algunos colombianos que no podrán iniciarse en el cigarrillo por tener un costo más alto.
Por otro lado, la Superintendencia tendrá que tener en cuenta el efecto de ésta integración sobre los cultivadores de tabaco, quienes ahora tendrán sólo dos compradores para su cosecha. Este aspecto cobra importancia dado que el negocio de los productos de tabaco en nuestro país ha venido creciendo y está generando nuevas oportunidades de negocio para medianos y pequeños agricultores que han visto aumentar el área cultivada de la hoja de tabaco en regiones como los Santanderes. De hecho, Protabaco tienen un programa para ampliar el área sembrada de tabaco de 4.000 a 14.000 hectáreas en los próximos cinco años. Según Protabaco, se espera que ese proyecto genere unos 25.000 empleos rurales nuevos. En consecuencia, los cultivadores actuales y futuros de tabaco en nuestro país se pueden ver afectados por esta compra al perder poder de negociación.
Entonces, si bien la integración de estas dos compañías puede traer costos a la sociedad colombiana y la pérdida de competencia en un mercado parece no deseable, un comportamiento monopólico en el mercado de cigarrillos beneficiaría la salud de los colombianos y podría estar salvando vidas. Así, al momento de analizar esta compra, la Superintendencia tendrá que tener en consideración más criterios que el de promover la competencia.
(ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAIS DE CALI EL 21 DE JULIO DE 2009)
martes, 7 de julio de 2009
Otra reforma a medias
La propuesta que se llevará al Congreso para financiar la seguridad aplaza otra vez la salida al lío fiscal del país.
Finalmente, después de muchas especulaciones y comentarios, el Gobierno divulgó los lineamientos de la propuesta de reforma fiscal que presentará al Congreso el próximo 20 de julio con el fin de obtener más ingresos para financiar la seguridad democrática.
Primero se propone recortar algunos beneficios tributarios relacionados con la reinversión de utilidades y el descuento por inversión en activos fijos productivos. Y segundo, se espera modificar el impuesto al patrimonio para que su cobro no termine en 2011 y cubra patrimonios desde dos mil millones de pesos “sin volver a este tributo permanente”.
Desde hace ya una década, es claro que las finanzas del Gobierno Central requieren un cambio trascendental.
Si bien no estamos al borde de una ‘hecatombe fiscal’, desde 1996 es claro que los impuestos no alcanzan para pagar los gastos. Este es un problema estructural de nuestra economía y no se debe a la caída en el crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, las soluciones de los gobiernos de turno a este problema han sido por retazos y no se ha propuesto una solución de fondo, por falta de voluntad política.
Para resolverlo se ha intentado aumentar los ingresos creando tributos ‘transitorios’, como el ‘dos por mil’ en el Gobierno Pastrana, o el impuesto al patrimonio, en el primer mandato de Uribe. Y finalmente, esos remedios transitorios que se diseñan para emergencias terminan siendo necesarios para mantener año tras año la estructura de ingresos del Gobierno, y se convierten en permanentes.
Los impuestos tienen normalmente cuatro objetivos. El primero es reunir los recursos que requiere el Gobierno para su funcionamiento. El segundo es cambiar la distribución del ingreso, ojalá de tal manera que los que reciben más ingresos paguen más impuestos, y financien la provisión de servicios que los ciudadanos de bajos ingresos no pueden tener sin la ayuda del Estado. El tercer objetivo es hacer pagar, total o parcialmente, a alguien por los beneficios que está recibiendo de la acción del Gobierno. Y el último es cambiar el comportamiento de los ciudadanos u organizaciones; un ejemplo de esto es cobrar menos impuestos a quienes invierten en Colombia.
Naturalmente, en muchas ocasiones estos objetivos chocan entre sí. Por ejemplo, al permitir a los empresarios que se establezcan en zonas francas, se ponen en tensión dos objetivos: recaudar más ingresos y cambiar el comportamiento de las firmas para que inviertan más. Así, un sistema de tributos tiene que estar pensado de manera integral para que las tensiones entre estos cuatro objetivos no terminen abriendo un gran hueco fiscal o brindando incentivos errados al sector privado.
Desafortunadamente en nuestro país hace muchos años no se realiza una reforma tributaria integral. Sólo se hacen pequeños cambios para cumplir con el objetivo de recaudar más. Pero el problema de agregar tributo tras tributo y modificar los ya existentes por pedazos, es que la estructura de impuestos termina siendo una colcha de retazos, como la que tenemos hoy. Y al tratarnos de cubrir la cabeza con esa colcha, nos descobijamos los pies. ¿Hasta cuándo le seguiremos haciendo remiendos? La propuesta del Gobierno no soluciona el problema de fondo y lo único que hace es taparse la cabeza. ¿Será posible tener una verdadera reforma tributaria en año electoral?
(ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS DE CALI EL 7 JULIO DE 2009)
Finalmente, después de muchas especulaciones y comentarios, el Gobierno divulgó los lineamientos de la propuesta de reforma fiscal que presentará al Congreso el próximo 20 de julio con el fin de obtener más ingresos para financiar la seguridad democrática.
Primero se propone recortar algunos beneficios tributarios relacionados con la reinversión de utilidades y el descuento por inversión en activos fijos productivos. Y segundo, se espera modificar el impuesto al patrimonio para que su cobro no termine en 2011 y cubra patrimonios desde dos mil millones de pesos “sin volver a este tributo permanente”.
Desde hace ya una década, es claro que las finanzas del Gobierno Central requieren un cambio trascendental.
Si bien no estamos al borde de una ‘hecatombe fiscal’, desde 1996 es claro que los impuestos no alcanzan para pagar los gastos. Este es un problema estructural de nuestra economía y no se debe a la caída en el crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, las soluciones de los gobiernos de turno a este problema han sido por retazos y no se ha propuesto una solución de fondo, por falta de voluntad política.
Para resolverlo se ha intentado aumentar los ingresos creando tributos ‘transitorios’, como el ‘dos por mil’ en el Gobierno Pastrana, o el impuesto al patrimonio, en el primer mandato de Uribe. Y finalmente, esos remedios transitorios que se diseñan para emergencias terminan siendo necesarios para mantener año tras año la estructura de ingresos del Gobierno, y se convierten en permanentes.
Los impuestos tienen normalmente cuatro objetivos. El primero es reunir los recursos que requiere el Gobierno para su funcionamiento. El segundo es cambiar la distribución del ingreso, ojalá de tal manera que los que reciben más ingresos paguen más impuestos, y financien la provisión de servicios que los ciudadanos de bajos ingresos no pueden tener sin la ayuda del Estado. El tercer objetivo es hacer pagar, total o parcialmente, a alguien por los beneficios que está recibiendo de la acción del Gobierno. Y el último es cambiar el comportamiento de los ciudadanos u organizaciones; un ejemplo de esto es cobrar menos impuestos a quienes invierten en Colombia.
Naturalmente, en muchas ocasiones estos objetivos chocan entre sí. Por ejemplo, al permitir a los empresarios que se establezcan en zonas francas, se ponen en tensión dos objetivos: recaudar más ingresos y cambiar el comportamiento de las firmas para que inviertan más. Así, un sistema de tributos tiene que estar pensado de manera integral para que las tensiones entre estos cuatro objetivos no terminen abriendo un gran hueco fiscal o brindando incentivos errados al sector privado.
Desafortunadamente en nuestro país hace muchos años no se realiza una reforma tributaria integral. Sólo se hacen pequeños cambios para cumplir con el objetivo de recaudar más. Pero el problema de agregar tributo tras tributo y modificar los ya existentes por pedazos, es que la estructura de impuestos termina siendo una colcha de retazos, como la que tenemos hoy. Y al tratarnos de cubrir la cabeza con esa colcha, nos descobijamos los pies. ¿Hasta cuándo le seguiremos haciendo remiendos? La propuesta del Gobierno no soluciona el problema de fondo y lo único que hace es taparse la cabeza. ¿Será posible tener una verdadera reforma tributaria en año electoral?
(ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN FUE PUBLICADO EN EL DIARIO EL PAÍS DE CALI EL 7 JULIO DE 2009)
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