Reforma tributaria estructural: Tarea pendiente

Si bien la incertidumbre en torno a cómo serán los detalles de la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso aún es grande, existen aspectos que están claros. Primero, es claro que los ingresos del gobierno no alcanzan para pagar los gastos. Y esto lo sabemos desde ya hace más de dos años. A mediados de 2013 los precios del petróleo cayeron drásticamente por razones estructurales y esto implicó una caída en los ingresos del gobierno colombiano. Hoy el gobierno nacional está recibiendo casi 23 billones de pesos menos por año por el petróleo. Pero los gastos no solo se mantienen como hace dos años, sino que han venido creciendo. No obstante el recaudo de impuestos creció a pesar de la desaceleración económica, el ritmo del crecimiento del gasto no para y el hueco fiscal empieza a preocupar. Más que la magnitud actual del déficit (diferencia entre los gastos y los ingresos), lo que preocupa es la tendencia creciente del déficit. Así, ya hace por lo menos año y medio era evidente que se necesitaría una reforma tributaria para mejorar los ingresos. Otro hecho evidente es que la reforma tributaria de 2014 (Ley 1607 de 2014), que entró en vigencia en 2015, implicó una sobrecarga tributaria para el aparato productivo colombiano. Esta reforma terminó por constituir una carga de impuestos relativamente grande sobre las empresas colombianas. Quitándole competitividad al país al comparar los impuesto con otros países de la región. Así, es claro que la nueva reforma no puede tener como objetivo extraer más recursos del aparato productivo. Es más, es claro que se debería reducir los impuestos a las empresas para que estas puedan seguir produciendo nuevos empleos y retomen su competitividad a nivel internacional. Finalmente, también es evidente que el estatuto tributario Colombiano contiene impuestos que son antitécnicos. Es decir, que desde el punto de vista económico generan más perjuicios para la sociedad que los beneficios que se pueden derivar del uso de los impuestos recaudados. Esos impuesto que fueron creados como temporales son el impuesto sobre las transacciones financieras (hoy 4x1000) y el impuesto al patrimonio (hoy llamado impuesto a la riqueza). El 4x1000 genera una barrera a la bancarización y un incentivo a emplear el efectivo. Contrario a todas las tendencias mundiales y a las necesidades de formalizar a la economía. Y el impuesto a la riqueza genera un desincentivo al ahorro de los hogares y a las inversiones productivas de las empresas. Pues se penaliza la acumulación de activos. Pero si bien son antitécnicos estos impuestos, ellos generan una cantidad alta de ingresos para el gobierno. Es decir, es evidente que estos impuestos deben quitarse, pero en época de estrechez de recursos la pregunta siempre es: ¿cómo se remplazarán esos ingresos? Por lo tanto, era evidente desde hace rato que se requería una reforma tributaria estructural y que no solo fuese un parche que buscase generar más ingresos. Pues las últimas reformas tributarias lo que han hecho es tratar de tapar un hueco de ingresos haciendo remiendos y creando impuestos transitorios que terminan siendo permanentes. Hoy tenemos claro que la reforma tributaria se debió presentar a más tardar a principios de esta año. Todos los insumos estaban listos la Comisión de Expertos para la reforma tributaria nombrada por el gobierno entregó su informe final a finales de 2015 y el panorama fiscal era clarísimo. Las mayoría políticas estaban en el congreso. No obstante por un cálculo político se decidió no presentar al Congreso el proyecto de reforma hasta que no pasará por las urnas el plebiscito. El cálculo político claramente salió mal. El No al plebiscito generó otro tipo de ambiente político en el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria prometida por el Gobierno. Ese clima político adverso ha llevado al Ministerio de Hacienda a barajar de nuevo su reforma. Ya la reforma no será estructural, el capital político necesario para una reforma estructural no existe. De esta manera, la reforma tributaria que veremos la próxima semana no tendrá un carácter estructural sino que responderá a la necesidad de generar ingresos. Y es claro que los ingresos nuevos saldrán de los hogares y que la carga impositiva a las empresas caerá un poco. El afán de conseguir los recursos necesarios para tapar el hueco a partir de las personas implicará decisiones muy impopulares políticamente, esto augura dos meses de candentes debates en el Congreso. Lastimosamente, se está perdiendo otra oportunidad de una reforma tributaria estructural. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario El País de Cali el 17 de octubre.)

La nueva reforma tributaria: Soluciones transitorias para problemas estructurales.

Dos cambios estructurales grandes en las finanzas públicas colombianas hacen inminente una reforma tributaria este año. El primero es la caída en el ingreso proveniente del petróleo. Por razones de orden público, técnicas y de mercado el gobierno colombiano no está recibiendo lo que se esperaba del sector petrolero. Es decir, esa fuente de ingresos no es tan grande como se esperaba y en el corto y en el mediano plazo solo se ve un panorama negativo en este frente. Por otro lado, por el lado de los gastos, es evidente la necesidad de financiar la ambiciosa agenda de inversión en infraestructura y en gasto social; y en especial, la inversión social necesaria para el posconflicto. Para ponerlo en otros términos, tenemos que gastar más y estamos recibiendo menos ingresos de los que necesitamos. Si esto ocurriese en un hogar, lo evidente sería reducir los gastos e intentar aumentar los ingresos de manera permanente. Es decir, lo sano es buscar una solución de largo plazo: una solución estructural para un problema estructural. Si bien los detalles de la nueva reforma tributaria aún no son claros, hay dos puntos que han sido anunciados por el Ministro de Hacienda. La reforma contemplará mantener el tributo del 4 por mil a las transacciones financieras y aumentar la base y la tasa del impuesto al patrimonio. Antes de entrar en el detalle vale la pena mencionar dos características que tienen estos dos tributos en común. Primero, los dos tributos fueron creados en coyunturas en las cuales se necesitaban apagar incendios y fueron creados con destinación especifica e inicialmente por un tiempo determinado. No tenían la intensión de convertirse en tributos permanentes. Segundo, ambos tributos tienen en común que buena proporción de economistas concuerda en que ambos son antitécnicos. Y por esa misma naturaleza de antitécnicos, se habían pensado como tributos transitorios, que permitieran apagar un incendio y no tributos permanentes. Por su naturaleza antitécnica, se había iniciado el desmonte del 4 por mil y el periodo de pago del impuesto al patrimonio ya había terminado. Ahora, en un problema de perdida de credibilidad se propone mantener ambos tributos. Tributos transitorios que se están convirtiendo en permanentes para resolver problemas estructurales. En el caso del 4 por mil se anuncia la necesidad de seguir aplazando su desmonte. Es decir, se “patea” el problema para adelante. Será la siguiente administración quien decidirá si se acaba el 4 por mil o lo sigue empleando y aplaza su abolición nuevamente. Este tributo al gravar los movimientos financieros genera un desincentivo a los colombianos a emplear el sistema financiero. El tributo estimula el uso del efectivo en contravía a todas las tendencias mundiales. Por el lado del impuesto al patrimonio la propuesta es mantenerlo por cuatro años más (hasta el 2019), subir la tasa de 1.5% al 2.25% anual y al mismo tiempo ampliar la base. La propuesta de ampliar la base implica que ya no solo será pagado por los colombianos y empresas con activos netos mayores a mil millones, sino aquellos con patrimonios por encima de 750 millones. Otra vez un impuesto antitécnico y diseñado para una coyuntura se extiende. Y será la próxima administración quien tendrá que decidir si continua con este tributo. El impuesto al patrimonio tiene varias inconvenientes. La razón de considerar este tributo antitécnico es que por un lado le cobra impuestos a los ahorros de las personas y empresas en Colombia. Es decir, desestimula la acumulación de activos. Esto no es conveniente pues la acumulación de activos es la que permite en parte el crecimiento de una economía. Por otro lado, este tributo implica cobrar dos veces impuestos a la misma actividad. Por ejemplo, cada año cuando una persona recibe sus ingresos paga impuesto de renta. En otras palabras, una proporción de sus ingresos van a financiar el gobierno. Y eso está bien. Ahora si el individuo o la empresa les sobra recursos después de cubrir sus gastos y el pago de impuestos, esos excedentes típicamente se convierten en ahorro, en activos. El impuesto al patrimonio hace a las personas pagar nuevamente sobre esos excedentes. Una doble tributación. Es posible encontrar muchos más argumentos por los cuales los dos impuestos generan malos incentivos en la economía colombiana y por eso se consideran antitécnicos. Si bien es entendible que este tipo de impuestos son necesarias en situaciones extraordinarias cuando se tienen que apagar incendios coyunturales, no es entendible porque se emplean tributos que deben ser coyunturales para resolver problemas estructurales. Esta es la gran contradicción de esta nueva reforma. Se trata de perpetuar tributos antitécnicos, esa no es la vía para mantener unas finanzas públicas sanas a largo plazo y mantener la competitividad del país. (Esta columna de opinó fue publicada en el Diario El País de Cali el miércoles 10 de septiembre de 2014)