Reforma tributaria estructural: Tarea pendiente

Si bien la incertidumbre en torno a cómo serán los detalles de la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso aún es grande, existen aspectos que están claros. Primero, es claro que los ingresos del gobierno no alcanzan para pagar los gastos. Y esto lo sabemos desde ya hace más de dos años. A mediados de 2013 los precios del petróleo cayeron drásticamente por razones estructurales y esto implicó una caída en los ingresos del gobierno colombiano. Hoy el gobierno nacional está recibiendo casi 23 billones de pesos menos por año por el petróleo. Pero los gastos no solo se mantienen como hace dos años, sino que han venido creciendo. No obstante el recaudo de impuestos creció a pesar de la desaceleración económica, el ritmo del crecimiento del gasto no para y el hueco fiscal empieza a preocupar. Más que la magnitud actual del déficit (diferencia entre los gastos y los ingresos), lo que preocupa es la tendencia creciente del déficit. Así, ya hace por lo menos año y medio era evidente que se necesitaría una reforma tributaria para mejorar los ingresos. Otro hecho evidente es que la reforma tributaria de 2014 (Ley 1607 de 2014), que entró en vigencia en 2015, implicó una sobrecarga tributaria para el aparato productivo colombiano. Esta reforma terminó por constituir una carga de impuestos relativamente grande sobre las empresas colombianas. Quitándole competitividad al país al comparar los impuesto con otros países de la región. Así, es claro que la nueva reforma no puede tener como objetivo extraer más recursos del aparato productivo. Es más, es claro que se debería reducir los impuestos a las empresas para que estas puedan seguir produciendo nuevos empleos y retomen su competitividad a nivel internacional. Finalmente, también es evidente que el estatuto tributario Colombiano contiene impuestos que son antitécnicos. Es decir, que desde el punto de vista económico generan más perjuicios para la sociedad que los beneficios que se pueden derivar del uso de los impuestos recaudados. Esos impuesto que fueron creados como temporales son el impuesto sobre las transacciones financieras (hoy 4x1000) y el impuesto al patrimonio (hoy llamado impuesto a la riqueza). El 4x1000 genera una barrera a la bancarización y un incentivo a emplear el efectivo. Contrario a todas las tendencias mundiales y a las necesidades de formalizar a la economía. Y el impuesto a la riqueza genera un desincentivo al ahorro de los hogares y a las inversiones productivas de las empresas. Pues se penaliza la acumulación de activos. Pero si bien son antitécnicos estos impuestos, ellos generan una cantidad alta de ingresos para el gobierno. Es decir, es evidente que estos impuestos deben quitarse, pero en época de estrechez de recursos la pregunta siempre es: ¿cómo se remplazarán esos ingresos? Por lo tanto, era evidente desde hace rato que se requería una reforma tributaria estructural y que no solo fuese un parche que buscase generar más ingresos. Pues las últimas reformas tributarias lo que han hecho es tratar de tapar un hueco de ingresos haciendo remiendos y creando impuestos transitorios que terminan siendo permanentes. Hoy tenemos claro que la reforma tributaria se debió presentar a más tardar a principios de esta año. Todos los insumos estaban listos la Comisión de Expertos para la reforma tributaria nombrada por el gobierno entregó su informe final a finales de 2015 y el panorama fiscal era clarísimo. Las mayoría políticas estaban en el congreso. No obstante por un cálculo político se decidió no presentar al Congreso el proyecto de reforma hasta que no pasará por las urnas el plebiscito. El cálculo político claramente salió mal. El No al plebiscito generó otro tipo de ambiente político en el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria prometida por el Gobierno. Ese clima político adverso ha llevado al Ministerio de Hacienda a barajar de nuevo su reforma. Ya la reforma no será estructural, el capital político necesario para una reforma estructural no existe. De esta manera, la reforma tributaria que veremos la próxima semana no tendrá un carácter estructural sino que responderá a la necesidad de generar ingresos. Y es claro que los ingresos nuevos saldrán de los hogares y que la carga impositiva a las empresas caerá un poco. El afán de conseguir los recursos necesarios para tapar el hueco a partir de las personas implicará decisiones muy impopulares políticamente, esto augura dos meses de candentes debates en el Congreso. Lastimosamente, se está perdiendo otra oportunidad de una reforma tributaria estructural. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario El País de Cali el 17 de octubre.)

Las libranzas: Una corta explicación

La libranza es una modalidad de préstamo que se puede emplear para cualquier tipo de finalidad; es decir, de libre inversión. La característica más importante de este tipo de préstamos es que el respaldo del crédito está en la manera cómo el prestamista recibirá su pago. En este caso, el receptor de la libranza autoriza a su empleador a pagar directamente al prestamista las cuotas del crédito. En otras palabras, el dinero de las cuotas pasan directamente del empleador a la institución que presta el dinero. Así, no hay riesgo que al cliente se le “olvide” pagar la cuota o que se gaste el dinero en algo diferente a pagar el crédito. A las libranzas también pueden acceder los pensionados. Tradicionalmente, los créditos de libre inversión son considerados de alto riesgo, pues es poco lo que los respalda. A diferencia de un crédito hipotecario en el cual existe un inmueble que respalda el crédito. Si un deudor no paga sus cuotas, ahí está el inmueble para responderle a la Institución. Las libranzas son entonces un mecanismo que permite disminuir el riesgo asociado a los préstamos de libre inversión que se le otorga a empleados y pensionados. Hasta ahí no existe ningún problema. Es más, la autorización de este tipo de instrumentos podría considerarse de beneficio tanto para los hogares que reciben créditos por medio de libranzas, como para las instituciones. A menor riesgo, no será necesario que los hogares paguen un interés tan alto como el caso en el que no existe el respaldo. Y las instituciones financieras no tendrán que correr con tanto riesgo. Cuando una institución financiera realiza estas operaciones no hay problema. La sociedad colombiana cuenta con mecanismos para regular estas operaciones de crédito. Se debe regular como la institución capta el dinero que después será prestado, pues en últimas lo que hace una institución es ser intermediarios entre unos inversionistas o ahorradores que tienen exceso de dinero y otras familias o personas que lo necesitan. Esta es la actividad tradicional del sistema financiero. Y ya sabemos cómo regular esta actividad, por medio de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria. La oportunidad aparece cuando instituciones no reguladas (o extra-bancarias) se les permite hacer operaciones con los pagarés que soportan cada libranza (pagarés-libranzas). En este caso la regulación colombiana permitió que aparecieran unos intermediarios extra-bancarios que podían comprar y vender pagarés-libranzas. Inversionistas le daban el dinero a los intermediarios extra-bancarios, y éstos compraban pagarés-libranzas a instituciones reguladas que emitían el crédito original. Los emisores originales del crédito recibían su dinero con anterioridad a lo pactado y los inversionistas iban recibiendo su dinero y su rendimientos de los pagos que realizaban los empleados o pensionados. Y la verdad hasta ahí tampoco parece existir un problema. El problema sí aparece cuando estos actores extra-bancarios se aprovechan de la falta de regulación y empiezan a actuar como pirámides. Los intermediarios extra-bancarios empiezan a captar dinero bajo la promesa de un soporte en pagarés-libranzas sin que existan estos pagarés. En ese momento la operación se convierte en una captación de dinero ilegal, deja de ser una compra-venta de pagarés-libranzas y empieza a parecerse a una pirámide financiera. Y bueno, ya sabemos que las pirámides no terminan bien. Tarde o temprano se caen y muchos son los perdedores. Si bien aún es muy temprano para determinar el impacto del fenómeno de las libranzas, parece ser claro que algunos intermediarios extra-bancarias convencieron a aproximadamente 10.000 personas y empresas (el número aún no es muy claro y la cifra cada día crece) a que “invirtieran” unos 1.5 billones de pesos (igualmente esta cifra no es muy clara y crece todos los días) en unos papeles que prometían una gran rentabilidad. Rentabilidades que llegaron a alcanzar el 21% efectivo anual, remuneración claramente imposibles de mantener en el corto plazo por actividades legales. Si bien existen muchos detalles por precisar, sí está claro que los intermediarios extra-bancarias aprovecharon una vez más el gran apetito de una porción de la población colombiana por inversiones de rentabilidad inusualmente alta. Pero este es tema para otra columna. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario El PAÍS de Cali el 28 de septiembre)