A votar a "pupitrazo"

El tan esperado proyecto de Ley de reforma tributaria radicado ayer en el Congreso de la República tiene 183 páginas. Si bien es claro que la reforma tributaria no tiene el carácter de revolcón estructural que se esperaba tras el informe de la comisión de Comisión de Expertos para la reforma tributaria, esta reforma si incluye temas que merecen una gran discusión en toda la sociedad y en especial en el mismo Congreso. Las 183 páginas necesitan para su lectura crítica implica una sentada larga que no se hace a la ligera, aún es muy temprano para emitir un concepto integral sobre toda la reforma. Pero de una primer análisis quedan claras varias cosas. Primero, el mensaje de urgencia y la misma urgencia de aprobar la reforma este año implicará que la reforma o partes de ella inevitablemente tendrá que ser votas de afán. O que la misma reforma será aprobada a “pupitrazo”. El estudio y la discusión seria y meticulosa de esta reforma no se podrá dar en el detalle que se necesita. El tiempo no da espacio. Como el estudiante malo, la tarea se está haciendo al final; sin tiempo para la reflexión. Y como decía mi abuela: de las carreras solo queda el cansancio. Otra cosa que queda clara es que existen varias discusiones interesantes que sobrepasan la misma reforma tributaria. Por ejemplo, el nuevo impuesto al consumo de bebidas azucaradas. La discusión de emplear impuestos aislados como el de las bebidas para combatir un problema de salud pública es un cambio trascendental en la política de salud pública en Colombia. Esto merece una discusión más grande, la necesidad de tener una política pública de salud integral es necesario. Por ejemplo, no es claro si este impuesto es para generar hábitos saludables en los colombianos, porque no se generan también fuertes impuestos a los fritos, a la llamada comida chatarra, a las grasas trans, etc. Esta aproximación parece parcial y no parte de una política pública integral. Otros dos ejemplos de discusiones igualmente grande e importante es el aumento al impuesto al consumo de los cigarrillos o el aumento en los impuestos al consumo de combustibles fósiles (ahora nuevo impuesto nacional al carbono). Estos dos temas son también grandes y ameritan discusiones grandes, como se hace en la mayoría de los países. Por otro lado, también queda claro que buena parte de los nuevos ingresos serán generados por medio de impuestos indirectos como el IVA o impuestos al consumo. Este aumento se generará aumentando la tasa de los artículos que pagaban IVA de 16% al 19% e incluyendo nuevos productos que pagarán IVA. Por ejemplo, los periódicos. Los impuestos indirectos son impuestos que todos pagamos por el consumo de bienes y servicios, independientemente de si ganamos mucho o poco. Es claro y se encuentra muy documentado en la literatura que estos impuestos son regresivos. En otras palabras son impuestos que terminan pagando más proporcionalmente los ciudadanos de ingresos bajos. Para decirlo de una manera más coloquial, los colombianos de menores ingresos terminarán destinando una mayor proporción de sus ingresos a pagar IVA que los colombianos de ingresos altos. Esto merece una gran discusión. Una forma de revertir este efecto perverso de los impuestos indirectos es construir un mecanismo de devolución de los pagado por IVA a los ciudadanos de ingresos bajos. Pero esto implicaría una reforma estructural. Esto no está en la reforma y claramente no existirá espacio para discutirlo. Esperemos que exista un poco de tiempo para discutir estos y otros temas como el carácter permanente que instaura esta reforma al gravamen a los movimientos financieros (4Xmil). Ante la regulación actual se esperaba desmontar gradualmente el 4Xmil empezando en el 2019 para que en 2022 ya no existiese este impuesto anti técnico. Ahora, la propuesta de la reforma tributaria es mantener el 4x1000 para siempre. Pero el listado de temas para discutir es grande: el mono-gravamen para tenderos, la cárcel para los evasores, el nuevo IVA a la venta de apartamentos, …. Bueno de pronto es mejor que la reforma no hubiese sido estructural, pues con el escaso tiempo que existe para discutir mejor no tener un revolcón en la estructura tributaria aprobada a “pupitrazo”. (Una versión más corta de esta columna de opinión fue publicada en el diario el País de Cali el 21 de octubre de 2016)

Reforma tributaria estructural: Tarea pendiente

Si bien la incertidumbre en torno a cómo serán los detalles de la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso aún es grande, existen aspectos que están claros. Primero, es claro que los ingresos del gobierno no alcanzan para pagar los gastos. Y esto lo sabemos desde ya hace más de dos años. A mediados de 2013 los precios del petróleo cayeron drásticamente por razones estructurales y esto implicó una caída en los ingresos del gobierno colombiano. Hoy el gobierno nacional está recibiendo casi 23 billones de pesos menos por año por el petróleo. Pero los gastos no solo se mantienen como hace dos años, sino que han venido creciendo. No obstante el recaudo de impuestos creció a pesar de la desaceleración económica, el ritmo del crecimiento del gasto no para y el hueco fiscal empieza a preocupar. Más que la magnitud actual del déficit (diferencia entre los gastos y los ingresos), lo que preocupa es la tendencia creciente del déficit. Así, ya hace por lo menos año y medio era evidente que se necesitaría una reforma tributaria para mejorar los ingresos. Otro hecho evidente es que la reforma tributaria de 2014 (Ley 1607 de 2014), que entró en vigencia en 2015, implicó una sobrecarga tributaria para el aparato productivo colombiano. Esta reforma terminó por constituir una carga de impuestos relativamente grande sobre las empresas colombianas. Quitándole competitividad al país al comparar los impuesto con otros países de la región. Así, es claro que la nueva reforma no puede tener como objetivo extraer más recursos del aparato productivo. Es más, es claro que se debería reducir los impuestos a las empresas para que estas puedan seguir produciendo nuevos empleos y retomen su competitividad a nivel internacional. Finalmente, también es evidente que el estatuto tributario Colombiano contiene impuestos que son antitécnicos. Es decir, que desde el punto de vista económico generan más perjuicios para la sociedad que los beneficios que se pueden derivar del uso de los impuestos recaudados. Esos impuesto que fueron creados como temporales son el impuesto sobre las transacciones financieras (hoy 4x1000) y el impuesto al patrimonio (hoy llamado impuesto a la riqueza). El 4x1000 genera una barrera a la bancarización y un incentivo a emplear el efectivo. Contrario a todas las tendencias mundiales y a las necesidades de formalizar a la economía. Y el impuesto a la riqueza genera un desincentivo al ahorro de los hogares y a las inversiones productivas de las empresas. Pues se penaliza la acumulación de activos. Pero si bien son antitécnicos estos impuestos, ellos generan una cantidad alta de ingresos para el gobierno. Es decir, es evidente que estos impuestos deben quitarse, pero en época de estrechez de recursos la pregunta siempre es: ¿cómo se remplazarán esos ingresos? Por lo tanto, era evidente desde hace rato que se requería una reforma tributaria estructural y que no solo fuese un parche que buscase generar más ingresos. Pues las últimas reformas tributarias lo que han hecho es tratar de tapar un hueco de ingresos haciendo remiendos y creando impuestos transitorios que terminan siendo permanentes. Hoy tenemos claro que la reforma tributaria se debió presentar a más tardar a principios de esta año. Todos los insumos estaban listos la Comisión de Expertos para la reforma tributaria nombrada por el gobierno entregó su informe final a finales de 2015 y el panorama fiscal era clarísimo. Las mayoría políticas estaban en el congreso. No obstante por un cálculo político se decidió no presentar al Congreso el proyecto de reforma hasta que no pasará por las urnas el plebiscito. El cálculo político claramente salió mal. El No al plebiscito generó otro tipo de ambiente político en el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria prometida por el Gobierno. Ese clima político adverso ha llevado al Ministerio de Hacienda a barajar de nuevo su reforma. Ya la reforma no será estructural, el capital político necesario para una reforma estructural no existe. De esta manera, la reforma tributaria que veremos la próxima semana no tendrá un carácter estructural sino que responderá a la necesidad de generar ingresos. Y es claro que los ingresos nuevos saldrán de los hogares y que la carga impositiva a las empresas caerá un poco. El afán de conseguir los recursos necesarios para tapar el hueco a partir de las personas implicará decisiones muy impopulares políticamente, esto augura dos meses de candentes debates en el Congreso. Lastimosamente, se está perdiendo otra oportunidad de una reforma tributaria estructural. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario El País de Cali el 17 de octubre.)

Las libranzas: Una corta explicación

La libranza es una modalidad de préstamo que se puede emplear para cualquier tipo de finalidad; es decir, de libre inversión. La característica más importante de este tipo de préstamos es que el respaldo del crédito está en la manera cómo el prestamista recibirá su pago. En este caso, el receptor de la libranza autoriza a su empleador a pagar directamente al prestamista las cuotas del crédito. En otras palabras, el dinero de las cuotas pasan directamente del empleador a la institución que presta el dinero. Así, no hay riesgo que al cliente se le “olvide” pagar la cuota o que se gaste el dinero en algo diferente a pagar el crédito. A las libranzas también pueden acceder los pensionados. Tradicionalmente, los créditos de libre inversión son considerados de alto riesgo, pues es poco lo que los respalda. A diferencia de un crédito hipotecario en el cual existe un inmueble que respalda el crédito. Si un deudor no paga sus cuotas, ahí está el inmueble para responderle a la Institución. Las libranzas son entonces un mecanismo que permite disminuir el riesgo asociado a los préstamos de libre inversión que se le otorga a empleados y pensionados. Hasta ahí no existe ningún problema. Es más, la autorización de este tipo de instrumentos podría considerarse de beneficio tanto para los hogares que reciben créditos por medio de libranzas, como para las instituciones. A menor riesgo, no será necesario que los hogares paguen un interés tan alto como el caso en el que no existe el respaldo. Y las instituciones financieras no tendrán que correr con tanto riesgo. Cuando una institución financiera realiza estas operaciones no hay problema. La sociedad colombiana cuenta con mecanismos para regular estas operaciones de crédito. Se debe regular como la institución capta el dinero que después será prestado, pues en últimas lo que hace una institución es ser intermediarios entre unos inversionistas o ahorradores que tienen exceso de dinero y otras familias o personas que lo necesitan. Esta es la actividad tradicional del sistema financiero. Y ya sabemos cómo regular esta actividad, por medio de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria. La oportunidad aparece cuando instituciones no reguladas (o extra-bancarias) se les permite hacer operaciones con los pagarés que soportan cada libranza (pagarés-libranzas). En este caso la regulación colombiana permitió que aparecieran unos intermediarios extra-bancarios que podían comprar y vender pagarés-libranzas. Inversionistas le daban el dinero a los intermediarios extra-bancarios, y éstos compraban pagarés-libranzas a instituciones reguladas que emitían el crédito original. Los emisores originales del crédito recibían su dinero con anterioridad a lo pactado y los inversionistas iban recibiendo su dinero y su rendimientos de los pagos que realizaban los empleados o pensionados. Y la verdad hasta ahí tampoco parece existir un problema. El problema sí aparece cuando estos actores extra-bancarios se aprovechan de la falta de regulación y empiezan a actuar como pirámides. Los intermediarios extra-bancarios empiezan a captar dinero bajo la promesa de un soporte en pagarés-libranzas sin que existan estos pagarés. En ese momento la operación se convierte en una captación de dinero ilegal, deja de ser una compra-venta de pagarés-libranzas y empieza a parecerse a una pirámide financiera. Y bueno, ya sabemos que las pirámides no terminan bien. Tarde o temprano se caen y muchos son los perdedores. Si bien aún es muy temprano para determinar el impacto del fenómeno de las libranzas, parece ser claro que algunos intermediarios extra-bancarias convencieron a aproximadamente 10.000 personas y empresas (el número aún no es muy claro y la cifra cada día crece) a que “invirtieran” unos 1.5 billones de pesos (igualmente esta cifra no es muy clara y crece todos los días) en unos papeles que prometían una gran rentabilidad. Rentabilidades que llegaron a alcanzar el 21% efectivo anual, remuneración claramente imposibles de mantener en el corto plazo por actividades legales. Si bien existen muchos detalles por precisar, sí está claro que los intermediarios extra-bancarias aprovecharon una vez más el gran apetito de una porción de la población colombiana por inversiones de rentabilidad inusualmente alta. Pero este es tema para otra columna. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario El PAÍS de Cali el 28 de septiembre)

PIB: resultado agridulce

El crecimiento del 2.5% del PIB del primer trimestre entre 2015 y 2016 es un resultado malo en el contexto colombiano pero bueno si se compara con el resto del mundo. Veamos. Si se tiene en cuenta que en 2015 el crecimiento del PIB colombiano fue del 2,7%, en 2014 6,4%, en 2013 3,0 y en 2012 5,8%, el resultado no es bueno. Es más, para encontrar un crecimiento más bajo que el de este primer semestre tenemos que remontarnos a 2009. En ese año el crecimiento anual del primer trimestre fue de 1,1%. Un trimestre después de la la crisis financiera mundial. Adicionalmente, para este siglo es el cuarto crecimiento anual más bajo para el primer trimestre. Es decir la tendencia el resultado no es bueno. Peor veamos en detalle que explica este resultado interno. El sector de minas y canteras presentó una caída del 4.6%. Este sector claramente está en contracción, y va en picada. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2002, el sector de minas y canteras representaba el 8,5% del PIB; ahora en 2016, este sector representa el 6,7%. Es decir, en 14 años perdió casi dos puntos porcentuales de peso en el PIB. Esto es bastante si se considera que la gran expansión del sector se dio en los primeros 14 años de este siglo. Esta caída se vio contrastada por el buen comportamiento de la industria que se recuperó de la caída del 2% del 2015, pasando a un crecimiento del 5,3% en 2016.Este crecimiento es similar a lo ocurrido en 2014 (5,0%). El sector de la industria que mas agrega valor es el de “Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear” que representa un 13% del valor agregado por la industria. Y precisamente este sector creció en el primer trimestre de 2016 frente al mismo periodo de 2015 en un 20,6%. Este crecimiento se explica por la entrada en funcionamiento de parte de la refinería de Cartagena (REFICAR). Es decir, es un efecto que solo se produce una vez, pues la refinería solo se abre una vez. Así, el ritmo de crecimiento de la industria no parece sostenible. El otro sector que presenta un crecimiento sobresaliente es el de la construcción con un crecimientos de 5,2%. Lo interesante es que este sector creció porque las construcción de viviendas y edificaciones creció en un 10% en 2016 frente al mismo periodo de 2015. Las obras civiles apenas crecieron un 0,4%. De esta manera, la dinámica de este sector depende en gran parte a la demanda de vivienda y no a las grandes obras civiles conocidas como las 4G. Ahora bien, estos resultados en el contexto internacional no son tan malos. Es mas, el resultado es sobresaliente. Solo hay tres países, entre los que ya han reportado esta estadística, con un crecimiento anual más grande que el colombiano para el primer trimestre de 2016: China con un 6,7%, Perú con 4,4% y España con un 3,4%. Así, en ese contexto el resultado del 2,5% no parece malo. Es decir, el ambiente internacional hace que este resultado que no parecería tan bueno para Colombia sea aceptable y sea para destacar. En conclusión, si bien es claro que la economía colombiana se está desacelerando, el resto del mundo parece estar una situación menos buena. Así, como decían las abuelas: “en el país de los ciegos el tuerto es rey”. (esta columna de opinión fue publicada en el diario El País de Cali el 6 de junio de 2016)

Fin del conflicto: una gran oportunidad para la economía colombiana

Mucho se ha discutido sobre los efectos positivos del fin del conflicto. Y después de 50 años de un conflicto se hace difícil imaginar un país sin éste. No obstante, es evidente que un país sin tanta violencia es un país que es más atractivo y que tiene la posibilidad de crecer a un mayor ritmo. Los beneficios son grandes. Por un lado, el sector privado tendrá un ambiente de negocios normal. Parecido al resto del mundo. Es de esperarse que los costos de producción disminuyan. Algunos sobrecostos deberían desaparecer o reducirse. Por ejemplo, se esperaría que no existieran más atentados sobre la infraestructura eléctrica. Esto implicaría que no tendríamos que pagar en nuestras facturas los costos de reparar las torres, de tener varias líneas de distribución de energía para tener un seguro en caso que se "vuele" una torre. Muchos ejemplos como estos se pueden encontrar, para no contar los sobrecostos de las "vacunas" y la extorsión que sufren algunos ciudadanos. Por otro lado, el presupuesto del gobierno tendrá que ser reestructurado. Las prioridades podrán cambiar en el gasto. Ya no será necesario invertir tanto en defensa y se podrá invertir más en educación, en salud y en infraestructura. Esto ya se está viviendo: la inversión en educación y en infraestructura está creciendo, algo impensable en la década pasada. Adicionalmente, algunas regiones del país se podrían finalmente integrar al mercado nacional y a los mercados internacionales. Con el conflicto no es fácil integrar al aparato productivo regiones del oriente del país y del sur. Estas regiones se encuentra segmentadas y muestran un gran atraso en cualquier indicador económico que se quiera escoger. Estas regiones se ven obligadas a desarrollar únicamente actividades extractivas de alta rentabilidad, tal como ocurría con toda Colombia en la época de la colonia. Es importante anotar que el último año ya se ha vivido en parte estos beneficios. El desescalamiento del conflicto que se ha vivido ha permitido vislumbrar lo que dignificaría un país sin conflicto. Si bien la economía colombiana no está creciendo a una tasa muy grande, el crecimiento sí es mayor de lo que se esperaba. No obstante lo malo del ambiente internacional, la economía colombiana sigue creciendo. Y es precisamente esta fortaleza de la economía colombiana la que se espera que sea potenciada con el fin del conflicto. (esta columna de opinión fue publicada en el portal America Economía de Chile)

Aumento del salario mínimo e inflación para ingresos bajos

Faltándole un día para cumplirse la fecha limite para establecer el aumento del salario mínimo y tras no llegar a un consenso entre empresarios y sindicados, el gobierno estableció por Decreto un aumento del 7%. El 5 de enero de 2016 el DANE dio a conocer la cifra de inflación para 2015: 6,77%. Esto ha generado una gran discusión. Para entender un poco la discusión, es importante aclarar como calcula el DANE la Inflación. La inflación para un año corresponde a la variación porcentual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el total nacional. El IPC total nacional no es mas que un gran promedio que se calcula a partir de IPC para las 24 principales ciudades. Para cada una de estas 24 ciudades, el DANE calcula tres índices de precios: uno para familias de ingresos bajos, otro para ingresos medios y uno para ingresos altos. Cada uno de estos tres índices refleja una canasta “típica” para familias de esa ciudad con ingresos bajos, medios o altos. Cada una de esas canastas contiene 181 productos o categorías de productos para cada uno de esos niveles de ingresos para cada ciudad. Así, el índice monitorea para cada nivel de ingresos y ciudad cómo cambia el valor de la canasta. Es decir, es algo así como una “lista de mercado” construida para cada ciudad y para tres niveles de ingresos. Esa lista de mercado contiene las cantidades que típicamente consume una familia de esa ciudad y de ese nivel de ingresos durante un mes. El DANE observa cómo cambia mes a mes el valor de esa “lista de mercado”. Ponderando el peso que tienen las familias de ingresos bajos, medios y altos en cada ciudad se construye el IPC de cada ciudad y después el total nacional. Es decir, en últimas el cálculo del DANE de inflación refleja como está cambiando el valor de una canasta promedio para todo el país. Regresando a la discusión del aumento del salario mínimo, los resultados de la inflación muestran varios resultados que alimentan la discusión. Primero, la inflación para familias de ingresos bajos durante el 2015 fue de 7,26%. Esto es 0,26 puntos porcentuales más que lo que aumento el salario mínimo. Supongamos por un momento que todos estamos de acuerdo que el aumento del salario mínimo debería garantizar por lo menos que quien lo recibe debería mantener su poder adquisitivo. O sea poder comprar lo mismo que antes del aumento de los precios. Si eso es así, es fácil argumentar que son las familias de ingresos bajos las que en su gran mayoría ganan un salario mínimo y verán con mayor proporción afectados sus ingresos con la decisión del aumento del salario mínimo. Así, es evidente que al emplear la inflación total (6,77%) y no la inflación de ingresos bajos (7,26%) el resultado es que estas familias no recuperaron su poder adquisitivo con el aumento de salario mínimo. Segundo, al mirar la variación del índice de precios para familias de ingresos bajos por ciudades se encuentra que para 19 de las 24 ciudades la inflación de ingresos bajos fue mayor que el aumento del 7% en el salario mínimo. Solo existiría una reposición del poder adquisitivo en las familias de ingresos bajos en las ciudades de Medellín (inflación de ingresos bajos de 6,72%), Tunja(inflación de ingresos bajos de 6,48%), Santa Marta (inflación de ingresos bajos de 6,84%), Cúcuta (inflación de ingresos bajos de 6,33%) y Bucaramanga(inflación de ingresos bajos de 6,86%). Tercero, para el caso de las familias de ingresos medios y altos se encuentra que solo para 5 ciudades (en ambos casos), la canasta subió más que el 7%. Es decir, en 19 ciudades el aumento del 7% en los ingresos podría compensar el aumento de los precios de la respectiva ciudad y nivel de ingresos, si se consideran ingresos medios y altos. Cuarto, de los datos es evidente que el problema de no compensar el poder adquisitivo se agrava cuando la inflación es relativamente alta. Por ejemplo, en 2014 el aumento en el salario mínimo fue de 4,5% y la inflación para ingresos bajos de 2013 fue de 1,55%. En ese año el aumento del salario mínimo permitido a las familias de ingresos bajos de las 24 ciudades compensar la pérdida del poder adquisitivo. En 2015, ocurrió algo similar, el aumento del salario mínimo fue del 4,6% y la inflación de 2014 para ingresos bajos fue de 3,78%. Solo en Bucaramanga e Ibagué el aumento del salario mínimo no compensó la perdida de poder adquisitivo. Cada lector podrá sacar sus propias conclusiones de estos números. Solo quiero llamar la atención que el problema del aumento de los precios tiene un efecto diferencial en los diferentes niveles de ingresos y ciudades. Así, de pronto ha llegado el momento de revisar como se define el salario mínimo y cuál es el índice de precios que se emplea como referencia para la negociación. (esta columna de opinión fue publicada en el diario el País de Cali el 8 de enero de 2016)