Gran Acuerdo (por productos intocables) por el IVA

Ya es claro que un IVA universal es inaceptable por la opinión pública y los partidos políticos difícilmente aceptarán en el futuro una propuesta de estas. La discusión de las últimas semanas y el consenso político debería podernos llegar a algunos acuerdos para el futuro del IVA. Independientemente de la coyuntura actual, es evidente que el gobierno de turno siempre tiene el incentivo de gravar más productos para aumentar el recaudo, disminuir la evasión de este tributo y facilitar la administración del tributo. Por otro lado, más productos gravados implica una perdida de poder adquisitivo que afecta sustancialmente a los hogares de bajos ingresos. Por eso, mas allá de la coyuntura, de las necesidades de más recursos, del lobby que hagan los gremios económicos y de los intereses políticos, de pronto es momento de un gran acuerdo nacional sobre los bienes que no son deseables de ser gravados con IVA para eliminar estos elementos de las discusiones futuras. Por ejemplo, ¿qué tal si nos podemos de acuerdo en una “lista de mercado básica saludable” que garantice las necesidades nutricionales de los colombianos en diferentes regiones y que no sería gravada? Esa lista podría ser construida por nutricionistas y otros profesionales de la salud para garantizar que los productos incluidos permiten una sana nutrición de los colombianos, en especial de los de bajos ingresos. Esto podría minimizar la discusión política alrededor de este tributo ahora y en el futuro. En la actualidad contamos con un listado de productos que el DANE emplea para calcular el IPC y la inflación. Se llega a dicho listado empleando una encuesta a los hogares que permite determinar cómo nos gastamos nuestros ingresos. Pero esa canasta no es una canasta “ideal”, ésta refleja qué compramos. Por eso, en ella podemos encontrar gaseosas, paquetes de papitas, frutas y hortalizas y hasta los cigarrillos se encuentran en esa canasta. Esta canasta típicamente se denomina “canasta familiar”. A la hora de las discusiones de reformas tributarias se entra en un terreno fangoso cuando se discute si se debería grabar la “canasta familiar” o no. Y claro esto nace de la misma ambigüedad del término. De pronto un acuerdo por una “lista de mercado básica saludable” de origen científico podría ayudar un poco en despolarizar la discusión. De hecho, en 2017 unos investigadores australianos demostraron que eliminar la exención de un impuesto similar al IVA a alimentos saludables genera cambios en patrones de comportamiento de los hogares de bajos ingresos que generarían una mala alimentación y problemas de salud futuros. Si contásemos con la “lista de mercado básica saludable” podríamos evitar este impacto indeseable de largo plazo, que en últimas significa la necesidad de gastar más recursos en salud en el futuro. La “lista de mercado básica saludable” permitiría minimizar la lista de productos exentos. (Una versión de esta columna de opinión fue publicada en el diario el País de Cali el sábado 24 de noviembre de 2018)

Ley de Financiamiento: ¿Hay opciones para el IVA?

Es evidente que los ingresos del Gobierno no alcanzan para pagar los gastos; solo para el próximo año faltarían $14 billones. Por eso, el gobierno actual se encuentra en una encrucijada: aumenta los impuestos o disminuye el gasto. Pero también es claro que el país necesita mantener el nivel de gasto social y aumentarlo para generar equidad. Así el ajuste debería ser más por el lado de los ingresos que del gasto social. La propuesta de aumentar el recaudo que se presenta en el Proyecto de Ley de Financiamiento (PLF) tiene tres estrategias claras para aumentar el recaudo. Primero el aumento del IVA y un mecanismo de compensación para familias de bajos ingresos, segundo el aumento del impuesto de renta a los colombianos que ganan más de $21 millones mensuales al tiempo que se disminuye la carga para las empresas y tercero un impuesto a patrimonios mayores de 3 mil millones de pesos para los dos próximos años. Sobre las dos últimas estrategias (impuesto a la renta y al patrimonio) no hay tanta discusión. Van en la dirección correcta son progresivos; es decir, implican que aquellos colombianos de mayores ingresos paguen más. Al mismo tiempo hace más competitiva la estructura impositiva para las empresas al reducir la tasa de rente para estas. Según la exposición de motivos del gobierno, estas dos últimas estrategias recogerían $3.3 billones en 2019. Si a eso se le agrega unas mejoras muy optimistas en la administración tributaria, según las cuentas del gobierno, se aumentarían $ 2 billones más. Es decir, quedan faltando $8,7 billones. Ahora concentrémonos en el IVA y el mecanismo de compensación que es la parte del PLF que generaría la mayor cantidad de recursos y la reforma más impopular y con más costos sociales y políticos. Un componente que el gobierno ya ha reconocido implícitamente deberá modificar. El IVA, al no concentrarse en el ingreso de las personas, sino en lo que se compra es un tributo que no es progresivo; es regresivo. Es decir, los hogares de bajos ingresos pagan una mayor proporción de su ingreso que los de ingresos altos. Esto está documento desde el inicio de este tipo de tributos. No obstante, esta regresividad del IVA, éste es un tributo de fácil recaudo que se ha convertido en una herramienta indispensable alrededor del mundo para financiar el gasto. Se supone que, por medio del gasto social, se les debe devolver a los hogares de bajos ingresos beneficios que compensen el pago. Por un lado, la PLF implica una disminución de la tarifa general que pasaría de 19 a 18% en 2019 y a 17% en 2022. Por otro lado, implica un cambio trascendental en la lista de artículos que son gravados con IVA. En la actualidad existen una lista grande de artículos que no pagan IVA (exentos y excluidos), pero con la PLF se hace casi universal la lista de productos que deben pagar IVA y se reduce a un mínimo histórico el listado de productos que no pagan este tributo. Esto implica que bienes importantes en el gasto de los hogares y en su nutrición pasen a pagar IVA. Por ejemplo, arroz, papas, tomates, hortalizas, coles, repollos, coliflores, lechugas, zanahorias, rábanos, pepino, yuca, bananos, mangos, lulos y otras frutas pagarián una tarifa general del 18%. Fuentes de proteína como la carne de res, de cerdo y de pollo pasarían a pagar tambien el 18%. Solo quedarían excluidos productos como medicamentos y vitaminas, transporte público terrestre, servicios de salud, servicios públicos y servicios de educación. Si sólo tenemos en cuenta el arroz, la papa, la yuca, el platano, las hortalizas y legumbres, las frutas y las carnes, esto suma el 13% del peso en la canasta de las familias de ingresos bajos que se considera para el cálculo de la inflación. Es decir, el 13% de lo que cuesta lo que típicamente compran los hogares de “ingresos bajos”. Para “ingresos medios” esos mismos productos representan 9,36% del valor de toda la canasta y para ingresos altos el 6,12%. Esto muestra la regresividad del tributo. Y eso que no incluimos todos los nuevos productos que serán gravados. Por otro lado, por primera vez se presenta un mecanismo de compensación que devolvería a las familias de bajos ingresos parte del impuesto pagado aminorando el efecto regresivo del tributo. El mecanismo propuesto implicaría hacer una transferencia de dinero cada dos meses de 3 UVT (aproximadamente $99.468, es decir el equivalente mensual a $49.734). Esta compensación la recibirían los hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza (para el 2017 el DNP fijó la línea de pobreza en $250.620 mensuales que equivale a un 32% del salario mínimo mensual). Según información del DANE, y de acuerdo con cálculos del Cienfi de la Universidad Icesi empleando la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) de 2017, aproximadamente el 4,54% de los hogares tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Esto implica que solo el 4,54% de los hogares recibirían una compensación. Es importante recordar que en Colombia aproximadamente el 22,76% de los hogares tienen un ingreso total menor al salario mínimo mensual vigente (SMMV). Es más, el 80% de los hogares tiene un ingreso mensual menor a 3,6 SMMV (aproximadamente $2,83 millones). Claramente, no se puede considerar un hogar con un ingreso mensual de un salario mínimo o dos salarios mínimos como clase media. Es difícil determinar a partir de que ingresos familiares se puede considerar un hogar de clase media o de altos ingresos, pero creo que en aras del argumento sería fácil acordar que hogares que reciben ingresos entre la línea de pobreza ($250.620) y un salario mínimo ($781.242 mensuales) no se pueden considerar clase media. En ese rango de ingresos se encuentra aproximadamente el 18,22% de los hogares colombianos. Estos hogares no serían cobijados con el mecanismo de compensación y verían un fuerte impacto en su poder adquisitivo con el aumento de la base del IVA que se propone. Así, el mecanismo de compensación es una buena idea, pero claramente no mitigará el impacto de la reforma en una buena proporción de los hogares que no se pueden considerar clase media ni de altos ingresos. El impacto social que puede generar el PLF es grande y no tener los recursos que se están buscando con la reforma podrían generar impactos aún más grandes en la sociedad. Por eso es importante que se encuentre un punto intermedio en este mes que queda para aprobar una modificación al estatuto tributario. Y parece que la discusión irá en esa vía. Se necesita aumentar la base de productos gravados por el IVA, pero tenemos que cuidar que productos se gravan. Por ejemplo, sería importante llegar a un acuerdo nacional de cuáles serían los productos de una “lista de mercado básica saludable” que pudiese garantizar las necesidades nutricionales de los colombianos en diferentes regiones. Lista que no sería gravada de tal manera que se garantice por lo menos una sana nutrición de los colombianos de todos los niveles de ingresos, y en especial de los de bajos ingresos. Ya la literatura ha empezado a documentar en otros países del mundo como la imposición de impuestos, o el aumento, a bienes de una dieta saludable genera problemas de alimentación. Por ejemplo, en 2017 unos investigadores australianos demostraron que eliminar la exención de un impuesto similar al IVA a alimentos saludables genera cambios en patrones de comportamiento de los hogares de bajos ingresos que generan una mala alimentación y problemas de salud futuros. Esta PLF es una gran oportunidad para empezar una discusión en ese sentido, en la que criterios científicos de nutricionistas y médicos permitiesen definir ese listado de productos que no tocaríamos con el IVA, independientemente de las necesidades presupuestales o del lobby o no de los gremios. Esto puede ayudar con la discusión y ampliar un poco la base, al mismo tiempo que se cuida el impacto social y sobre la salud que puede generar una propuesta maximalista en el cubrimiento del IVA con un mecanismo de compensación muy difícil de implementar en el contexto colombiano por las características de la distribución de ingresos. Una versión más corta de este post fue publicado en el Pais de Cali el 22 de noviembre de 2018)

Ambiente internacional apagó la relación del dólar y el precio del petróleo.

Nos habíamos acostumbrado a que el precio del dólar en Colombia estaba directamente relacionado con lo que ocurriera con el precio del petróleo. A junio de 2018 las exportaciones de petróleo y sus derivados representaban el 41,4% de las exportaciones colombianas. Dado ese gran peso del petróleo en la economía colombiana, cuando el precio de éste cae, cae el flujo de dólares que recibe el país por dichas exportaciones y por tanto la oferta de dólares en el país cae. El resultado natural es que el dólar se haga relativamente más escaso y por tanto su precio sube, se devalúa el peso. Y cuando el precio del petróleo aumenta, entonces el flujo de dólares que entrará al país será mayor y por tanto el precio del dólar típicamente cae (revaluación). Por eso, nos habíamos acostumbrado a que, con precios del petróleo altos, el precio del dólar es bajo. Por ejemplo, entre 2012 y mediados de 2014 el precio del barril del petróleo estaba por encima de 100 dólares y la tasa de cambio estaba al rededor de los $1.700 y $1.800. Pero cuando, el precio del petróleo cayó por debajo de los 60 dólares el barril, el precio del dólar llegó a niveles de $2.800 o más. Es más, a principios de 2016 cuando el barril del petróleo cayó por debajo de los 30 dólares por barril, el preció del dólar alcanzó su máximo histórico (aproximadamente $3.360). Es decir, el precio del dólar en Colombia y el del petróleo en los mercados internacionales caminan de la mano. Pero, este fenómeno es diferente este año. Desde finales del 2017, el precio del petróleo se ha venido fortaleciendo pasando de niveles de 50 dólares el barril a niveles cercanos a los 80 dólares el barril. Se esperaba que este aumento generaría una caída en el precio del dólar, pero por el contrario el precio del dólar ha venido subiendo. Es decir, se apagó la relación entre precio internacional del petróleo y la tasa de cambio en Colombia. La desaparición de esta relación puede explicarse por fenómenos externos a Colombia. La razón para este resultado tan increíble a primera vista es sencilla. La guerra comercial del Gobierno Trump con China y otras economías grandes está poniendo nervioso literalmente a todo el mundo. Claramente esto implicará menos crecimiento de la economía mundial. Adicionalmente, por razones internas la FED (el Banco Central de los Estados Unidos) viene aumentando las tasas de interés haciendo más atractivo invertir en Estados Unidos y esto empuja la demanda de dólares a nivel global. Al mismo tiempo economías emergentes como Argentina, Brasil, Turquía y Sudáfrica han visto depreciaciones significativas en sus divisas este año por problemas internos. Así, los inversionistas en todas las economías emergentes se ponen nerviosos y el capital huye de todos los mercados emergentes (incluyendo Colombia) para buscar refugios seguros, como el dólar. Dado que el ambiente internacional es incierto. Y en momentos en que se asoma una guerra comercial fuerte y crisis en países emergentes como Turquía y Argentina, se buscan las inversiones más seguras. Los mercados están hablando y fuerte. El mercado cree que no obstante hay problemas en la forma como se comporta el gobierno americano, está sigue siendo una de las economías menos riesgosas. Es decir, los inversionistas del mundo aún tienen fe en la economía americana. Mientras que parece no creerles a las economías emergentes. Por eso los inversionistas están demandando más dólares de lo normal, para refugiarse en una moneda segura. Así, la demanda por dólares está aumentando en todo el mundo, incluyendo a Colombia. Y esto no parece que parara en el corto plazo. Es decir, tendremos que acostumbrarnos por un tiempo a un dólar en niveles de $3.000. Afortunadamente, el precio del petróleo esta relativamente alto, de lo contrario el aumento en la tasa de cambio en Colombia sería mucho más grande como ocurre en Argentina. (Una versión de esta columna de opinión fué publicada en el diario El País de Cali el 1 de septiembre de 2018)

Eliminar ceros no es la solución para la hiperinflación de Venezuela

No existen cifras oficiales en Venezuela para la inflación, pero el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación al final de 2018 cerrará en 1 millón porciento. Pero independientemente de si este pronóstico es adecuado o no, lo que es claro es que Venezuela está sufriendo una hiperinflación. La inflación es un fenómeno en el cuál los precios de todos los bienes y servicios crecen. Y eso es normal. Por ejemplo, en Colombia la inflación en 2017 fue de 4,09 %. Pero en una hiperinflación, lo que ocurre es que el aumento de los precios es tan grande que por como mínimo supera el 50% en un mes y además esta situación se mantiene por lo menos por un año. Algunos analistas estiman, de manera conservadora, que la inflación diaria en Venezuela es de 2,8 % (cómo un año en Colombia) lo que implica un aumento de aproximadamente 200 % en un mes. Esto es difícil de imaginar para nosotros en Colombia, que no hemos tenido inflaciones de esas dimensiones en nuestra historia. La hiperinflación hace que los billetes y las monedas pierdan poder adquisitivo rápidamente. Por ejemplo, con esa tasa de inflación diaria de 2,8% y suponiendo que no se acelera la inflación, si usted recibe hoy un billete de cien mil Bolívares en 30 días, con ese mismo billete, podrá comparar solo la mitad de lo que puede comprar hoy. Y pasados 60 días solo podrá comprar el 25% de lo que compraba inicialmente. Tras 100 días el billete tendrá un poder adquisitivo del 10% de su valor. En 365 días el billete de cien mil bolívares tendrá un poder adquisitivo de aproximadamente el 0.02% a su valor inicial; es decir, prácticamente no tiene poder adquisitivo. ¡Una locura! ¿Cómo llega un país a esa situación? No existe una única razón. Pero es claro que en Venezuela hay dos causas muy importantes. Por un lado, una escasez de bienes y servicios que hace que los precios suban. Y por el otro lado, la inexistente de independencia del Banco Central del gobierno implicó un aumento exagerado de la emisión de billetes para financiar el gasto público (incluido los subsidios). Esto le dio el empujón a la inflación en Venezuela que necesitaba para acelerarse a niveles históricos. Y ahora que ya está acelerada, se encuentra con un impulso tal que no hay emisión de billetes que aguante el crecimiento de los precios y se observa una escasez hasta de efectivo. Ya no hay billetes suficientes para pagar los precios de los escasos productos que se encuentran en las estanterías. En días pasados, el gobierno Maduro anunció nuevas medidas para frenar la hiperinflación. El 20 de agosto, se eliminarían cinco ceros de todos los precios actuales, saldrían de circulación los actuales billetes y entraría en circulación una nueva moneda: el “bolívar soberano”. Esto es como intentar parar una locomotora con un muro de cartón. En menos de un mes es imposible adecuar una economía a un cambio como este. La logística de distribuir los billetes (suponiendo que ya están impresos) por todo un país no es fácil. Por ejemplo, en Colombia hemos discutido muchas veces quitar tres ceros al peso y todos los proyectos proponen periodos de transición que van de un año a cinco años. Es impensable este tipo de cambio en tan pocos días, en especial en una economía que no funciona de manera eficiente. Por otro lado, no se ha atacado uno de los problemas más grandes y es la falta de independencia del Banco Central (quien emite los billetes) y el Gobierno (quien los gasta). Así no hay nada que garantice que no se disparará la emisión de los “bolívares soberanos” para seguir financiando el gasto. Y por tanto la hiperinflación continuará. Lo que ha ocurrido en otros países (como Ecuador que tenía una tasa de inflación de 9 6% en 2000) para frenar la hiperinflación es emplear el dólar como un ancla que permita parar los procesos inflacionarios. Con la dolarización es claro que el gobierno no podrá emitir mas billetes. Esto genera un paro en seco de esa fuente de la inflación y se pueda trabajar en la otra frente: reactivar el aparato productivo para aumentar la disponibilidad de bienes y servicios. Pero una medida como esta es impensable en la Venezuela actual. Lastimosamente, no se ve una salida pronta a la hiperinflación en nuestro vecino. (Una versión de esta columna de opinión fue publicado el 16 de agosto de 2018 en el diario EL PAÍS de Cali)

Entrada a la OCDE de Colombia: Es el inicio del camino

La OCDE es el “club” de los países de mayor desarrollo económico que promueve las instituciones democráticas, la economía de mercado, el comercio internacional y, en especial, la coordinación de políticas públicas de sus miembros. Esta organización cuenta en a actualidad con 36 miembros. Y como cualquier club, tiene unas condiciones para aceptar nuevos miembros. Colombia expresó su deseo de hacer parte del “club” en enero de 2011. Y desde 2013 se inició el proceso formal de entrada. La tarea ha sido larga y los ajustes que se realizaron fueron numerosos; por ejemplo, nuevas normas de respeto al derecho de autor, cambios en la legislación laboral y sacar de las juntas directivas de las empresas públicas a los ministros. Finalmente, el 25 de mayo de 2018, Colombia es admitida convirtiéndose en el miembro 37 y el tercer país latinoamericano. México es miembro de la OCDE desde 1994 y Chile desde 2010. Con se ha discutido ampliamente, se espera que la membresía a este selecto grupo genere una confianza a la inversión extranjera sobre nuestra economía. De hecho, las experiencias de México y Chile muestran que tanto la inversión extranjera directa aumentó como la tasa de interés se redujo tras la entrada a la OCDE. Está aún por determinarse si esto es mera coincidencia o si existe una relación causal. Pero si es claro que estar en este club puede generar confianza para invertir y para prestarle al país. Eso es bueno para todos. Ahora, entrar al club no es el final del camino. Aún hay retos grandes para nuestro país en áreas como la ambiental, la educación, las finanzas públicas y la gobernanza. De todas las tareas que ha “sugerido” la OCDE durante este período, aún faltan algunas que se convierten en grandes retos en el mediano plazo. De estas tareas sobresalen dos sugeridas en 2015 por esa organización. La propuesta para lograr un ambiente adecuado para el desarrollo y la equidad (según esa organización) implica adelantar una reforma tributaria estructural que va mas allá de la realizada a finales de 2017 y una reforma pensional. Ambas propuestas en últimas apuntan a asegurar la sostenibilidad fiscal del país, algo deseable. No obstante la mayoría de los economistas estamos de acuerdo que se necesitan ambas reformas, el contenido de las reformas genera una gran discusión tanto en los economistas como en la opinión pública. Si bien estos temas han sido discutidos en la actual campaña presidencial, la verdad pocas propuestas concretas se han presentado. El reto en estos dos frentes es grande y deberá afrontarse el primer año de la próxima administración, pues esto implicará de alguna manera consumir parte del capital político con que llegue la nueva administración. Se requieren decisiones difíciles. Ahora, para entender lo difícil de este tipo de reformas, es importante tener algo de perspectiva. Estas reformas no son un problema exclusivo de Colombia. es claro que la mayoría de los socios de la OCDE no han hecho esta tarea completamente. Por ejemplo, la mayoría de las economías de la Zona Euro y Estados Unidos tienen un sistema pensional que no está totalmente financiado y su reforma se viene aplazando desde hace décadas. Así mismo, dichas economías tiene grandes problemas de encontrar los ingresos tributarios para financiar sus gastos. Estas reformas son importantes para nuestra economía, pero el camino no será nada fácil. Se necesitará soluciones innovadoras y en especial la ayuda de otras experiencias para diseñar la solución que mas le convenga a nuestro país. Ahora podemos contar con un “club” para discutir buenas prácticas. (Una versión de esta columna de opinión fue publicado en el diario del País de Cali el 26 de mayo de 2018.)

Empleo: 2018 no inicia como se esperaba.

Los analistas esperábamos un 2018 mejor que el 2017. Pero las noticias sobre el mercado de trabajo en Cali no son muy buenas. La tasa de desempleo promedio mensual para el primer trimestre de 2018 se ubicó en 13,0%, frente a un 12,5% en el mismo periodo de 2017, 12,3% en 2016 y 13,0% en 2015. Es decir, la misma tasa de 2015. Si se considera lo ocurrido en el primer trimestre, encontramos que la tasa de desempleo nacional fue de 12,0%, levemente más alta que el 11,8% del año pasado. Los habitantes en edad de trabajar que estaban buscando trabajo o estaban ocupados se conoce como la Población Económicamente Activa (PEA). La PEA mide algo así como la población que participa del mercado de trabajo: las cantidades de trabajo ofrecidas. Al comparar el primer trimestre de 2018 con 2017, encontramos que 15 mil personas menos en la PEA en el área metropolitana. Esto representa una caída del 1,1% de la PEA. Adicionalmente, los datos muestran en promedio los ocupados del primer trimestre de 2018 fueron en Cali 21 mil menos y los desempleados 6 mil mas. Es decir, al mismo tiempo la oferta de trabajo disminuyó y la demanda de trabajo disminuyó aún más. El resultado de esto es que la tasa de desempleo aumente al 12,5%. Veamos que sectores explican este resultado en los puestos de trabajo. Afortunadamente para la ciudad no a todos los sectores les fue mal en la generación de empleos. Por ejemplo, de acuerdo con la información del DANE, el sector de “Servicios comunales, sociales y personales” generó 17 mil nuevos empleos frente al mismo periodo de 2017. El sector de “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” también generó 11 mil empleos. Esas son buenas noticias. Pero, el sector “Comercio, hoteles y restaurantes” presentó este primer semestre 18 mil ocupados menos, lo que representa una caída del 4,7% de la ocupación de ese sector. La industria manufacturera tenía 28 mil ocupados menos, una disminución del 12,3% del empleo generado por el sector. La construcción tenía 8 mil menos ocupados menos el primer trimestre, una caída del 9,7% de los ocupados del sector. Ahí está el problema. Al sumar los empleos generados y los perdidos tenemos que sólo se perdieron 21 mil empleos (1,7% menos que el primer semestre de 2017), podría ser peor el resultado. Así las cosas, las cifras de empleo en la ciudad no son las mejores la tendencia tampoco es buena. Lastimosamente se esperaba que este año sería mejor que el 2017, pero estos primeros datos del trimestre no son buenos. Ojalá que el segundo semestre del año mejore la situación, después de que la coyuntura política se despeje. (Una versión de esta columna de opinión fue publicada en el diario El País de Cali el 30 de abril bajo el título "2018 no inició como se esperaba")

Tres ceros menos: ¿será la séptima la vencida?

En días pasados el Ministro de Hacienda informó que radicará en el Congreso un nuevo proyecto para quitarle 3 ceros a todos los precios, facturas, monedas y billetes. Es decir, un corrientazo que hoy cuesta 7.500 pesos constaría 7 nuevos pesos (o como se denomine la nueva moneda) y cincuenta centavos. Si bien no se conocen aún los detalles en los medios se han esbozado dos argumentos para que esta vez si sea aprobada esta medida. Creo que es pertinente recordar que éste no es el primer intento por aprobar una medida de este tipo en la historia reciente. En 1993 se radicó un proyecto que pretendía crear el “Nuevo Peso” y eliminaba tres ceros. Esta iniciativa fue archivada. En el 22 de agosto 2000 se radicó un nuevo Proyecto muy similar. El proyecto se justificó en ese momento porque permitiría simplificar los procedimientos contables, las transacciones en dinero y a lograr el uso más eficiente de los sistemas de cómputo. El proyecto pasó tres debates en comisiones, en el cuarto debate, en la plenaria de la cámara, el 18 de junio de 2002 el Proyecto fue archivado tras la votación mayoritariamente negativa. Este fue el proyecto que estuvo más cerca de convertirse en Ley. El 22 de julio de 2002 se radicó otro proyecto muy similar a los anteriores. Finalmente, el proyecto de Ley fue archivado en junio 20 de 2004 por Tránsito de Legislatura. En 2004 se radica un proyecto que seguía siendo muy similar a los anterior. Este proyecto no contó con el interés de la corporación y fue archivado por Tránsito de Legislatura el 20 de junio de 2005 sin debate alguno. Posteriormente, el 27 de julio de 2010 se radica un proyecto muy similar que fue archivado el 4 de octubre de 2011 en el segundo debate tras una votación de 41 votos en contra y 15 positivos (43 abstenciones). El 31 de marzo de 2016 se radicó un proyecto otra vez es muy similar a los anteriores y fue archivado por tránsito de Legislatura el 20 de junio de 2016, sin ningún debate. ¿Qué diferencias habría en este nuevo intento? Pues la verdad en la mecánica de la reducción de ceros no hay mucho espacio para innovar. Lo diferente en este caso es la adición de dos argumentos relativamente nuevos para soportar la medida. Por un lado, está un argumento del Ministro de Hacienda que ha anticipado en los medios de comunicación: la necesidad de facilitarle a los turistas extranjeros el uso del dinero en Colombia. Este argumento no parece muy razonable, si bien la visita de extranjeros a Colombia viene en aumento, no hay ningún estudio que muestre la poca complacencia de los turistas por tener que emplear billetes de 20 mil o 50 mil pesos. La evidencia internacional tampoco soporta esta idea. Por ejemplo, en Japón las denominaciones de los billetes son de mil, 5 mil y 10 mil yenes y no se encuentran estudios que documenten que los turistas se quejen por esto. El otro argumento nuevo es la posibilidad de sacar de circulación dineros de origen ilegal que se encuntran “encaletados”. Con el cambio, estos billetes y monedas quedarían sin valor y esto estimularía a los ileagles a traer el dinero al sistema legal donde podrían ser detectados con facilidad. Este argumento parece ser el más fuerte, pero de pronto muy tardío. Como muestra la historia reciente como mínimo tendremos un trámite de dos años de esta medida para convertirse en Ley. Y posteriormente uno o dos años de transición. Es mucho tiempo como para evitar la entrada de los presuntos recursos encaletados por las FARC. Si esta era la intensión el “timing” de la propuesta del 2016 era perfecto, pero el Gobierno lo dejó hundir. Es más, existen estudios (como el del profesor Mosley en 2005) que encuentran que este tipo de medidas son menos probable hacia el final de los gobiernos, antes de una nueva elección. Esos estudios explican que es menos probable que se dé en tiempos preelectorales, porque puede ser visto como una señal de fracaso del gobierno y por ende afectar negativamente los resultados electorales del partido que apoya el gobierno. La verdad no veo ninguna razón para que esta vez prospere el proyecto de Ley. De hecho, existen aún muchas preguntas por resolver. ¿No sería mejor que el congreso discutiera proyectos de Ley que resuelva problemas estructurales de la economía colombiana como las pensiones? ¿Esos de dineros que implica el cambio no estarían mejor invertidos en otros asuntos? Este proyecto parece inadecuado para este momento político y de coyuntura económica. (Una versión de esta columan de opinión fue publicada en el diario el País de Cali el 27 de febrero de 2018)

Inflación: de regreso a la meta en 2018.

La inflación del 2017 fue de 4,09 %. Este valor, es inferior a lo observado en 2016 (5,75 %) y muy cercano pero superior al rango meta establecido para la inflación por el Banco de la República. La meta era una banda entre el 2 % y 4 %. Es más, la junta del Banco Central al bajar la tasa de interés en su primera reunión del 2018 manda una señal clara de que están convencidos de cumplir la meta en 2018. Estas noticias son buenas. Pues con el pequeño “descache” del 2017 se cumplió una racha de tres años en los que no se consumaba la meta. Es importante recordar que el Banrep empezó a fijar rangos como metas de inflación desde el año 2002. Es decir, ya hay una tradición de 16 años con un rango meta para la inflación. De esos 16 años, 7 veces se ha cumplido la meta y 9 no. Es decir, un record de 56,25 % de incumplimiento de las metas. Para 2002 y 2003, el rango meta no se cumplió. Tras dos años continuos de no cumplir la meta, en 2004 la meta se cumplió por primera vez, empezando una racha de tres años seguidos de aciertos en la meta. En el periodo 2007 - 2009 se completó nuevamente una racha de 3 años seguidos en los que no se cumple la meta. En 2010, 2011 y 2012 se cumplió de nuevo la meta. Es decir, una racha de 3 años de cumplimiento. Para el 2013, la meta no se cumple. En 2014, la inflación regresa a estar en el rango meta. En 2015 no se cumple la meta iniciando esta última racha de 3 años sin cumplir la meta. El “descache” fue de un 69,3% solo comparable con el que ocurrió en 2008 (70,4 %). Para el 2016 no se cumplió nuevamente la meta. La inflación fue de 5,75 % frente al rango meta de 2 % y 4 %. Un “descache” del 43,7 %; el tercero más alto en estos 16 años de historia de rangos meta. En otras palabras, llevábamos dos años con inflaciones relativamente lejos del objetivo establecido. Para 2017 el rango meta cumple su octavo año consecutivo en el nivel entre 2 % y 4 %. Y como se mencionó, no se acertó, pero esta vez se quedó muy cerca. Un “descache” de tan solo el 2,3 %. Así, se cumple nuevamente una racha de tres años en los que no se consuma la meta. Pero ahora si estamos muy cerca de la meta. Es importante resaltar que el cumplimiento de la meta de inflación hace que se mantenga la credibilidad de las metas fijadas por el Banco Central. Ese es un activo invaluable para el país. Cuando la meta es creíble, ésta sirve como guía para la formación de expectativas de los ciudadanos; pero si ésta no es creíble no se tomará en cuenta, por ejemplo, al momento de fijar precios, aumentos salariales, etc. El resultado de la inflación en 2017 va en la dirección correcta: muy cerca de la meta y el 2018 será importantísimo para retomar la credibilidad de la meta de inflación que establece el Banrep, pues un record de incumplimiento del 56,25 % del objetivo en los últimos 16 años no parece un buen record. Al inicio del año, todo pareciera indicar que se cumplirá la meta. Dado que para todos los colombianos es muy bueno que la meta se cumpla, esta es tal vez la mejor noticia económica de inicio del año. (Esta columna de opinión fue publicada en el diario el país de Cali el 5 de febrero de 2018)

Competitividad y Finanzas Públicas, las otras caras de la moneda del aumento del Salario Mínimo

El salario mínimo es uno de esos precios que afectan muchos aspectos de una economía como: el ingreso de los hogares, la competitividad de las empresas y las finanzas públicas. Sobre el efecto del aumento del 5,9 % en el salario mínimo en los presupuestos de los hogares ya se ha discutido relativamente mucho en estos días. Claramente, desde la perspectiva de los hogares el aumento de 43.525 pesos es bajo y no parece generar un cambio sustantivo en el poder de compra de los hogares. Esto llevaría a pensar que entonces el aumento debería ser más grande. Pero antes de saltar a una conclusión como esta se debe tener en cuenta las serias implicaciones que tiene sobre las finanzas públicas y las empresas un aumento más grande. En el sector público, buena parte de los salarios se expresan en salarios mínimos o la negociación de su aumento se encuentra influenciada por el aumento del salario mínimo. Así, es fácil prever que, aún si no existiese un nuevo puesto de trabajo en el sector público en 2018, la nómina del sector público estaría aumentando en un 5,9%. Adicionalmente, las mesadas de las pensiones aumentan con el salario mínimo y buena parte de estas se financian directamente por el presupuesto nacional. Los colombianos dedicaremos aproximadamente el $41.1 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (GNP) de la nación para pagar las pensiones; es decir, aproximadamente el 17,4 % del GNP para 2018. Esta cuenta aumenta si el salario mínimo aumenta. Esto no es despreciable dada la apretada coyuntura de las finanzas públicas. Así, cuando se aumenta el salario mínimo también existe una presión sobre el presupuesto nacional y en últimas se tendrá que escoger de donde sacar el dinero que cubrirá el aumento: de gastar menos en inversión pública, educación, salud o gasto social, de disminuir los empleados públicos, de aumentar los impuestos o de endeudarse más. Las tres últimas opciones parecen cerradas para 2018. Así que pensar en un aumento mayor en el salario mínimo implicaría un gran impacto sobre la inversión y el gasto social. Para un empresario el aumento del salario mínimo implica un aumento de los costos de la nómina. En especial, para las pequeñas y medianas empresas la nómina puede implicar un porcentaje sustancial de sus costos de producción. Así, un aumento en el salario mínimo implicará un desbarajuste de las ya asfixiadas finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Para contrarrestar los salarios más altos de los empleados, las empresas se verán ante una disyuntiva: aumentar los precios de los bienes que venden o recortar la nómina para mantener los costos a raya. Aumentar los precios no es tan sencillo, pues en la mayoría de los casos se puede estar enfrentando en los mercados tanto locales como internacionales a bienes producidos en otros países por empresas que no están enfrentando ese aumento en los costos. Es decir, podrían estar en una situación en la que los productos colombianos suban y los extranjeros no, conllevando a una reducción en las ventas, la disminución de los ingresos y una rentabilidad más baja. En las economías abiertas al comercio exterior como la colombiana, trasladar los mayores costos internos a precios tiene sentido si existe una fuerte devaluación. Es decir, cuando el dólar está subiendo de precio rápidamente, de tal manera que los precios de los productos importados en el mercado local también están subiendo por el efecto de la tasa de cambio. Pero ese no es el escenario en Colombia en la actualidad. Es decir, que los empresarios podrán subir sus precios, pero no desbordadamente, porque perderán competitividad. Esto implica que el aumento en sus costos probablemente no se podrá trasladar totalmente a los precios. En este escenario, un aumento del salario mínimo mayor puede implicar empresarios con menos recursos. De tal manera que se enfrentaría a decisiones de disminuir o eliminar las mejoras en maquinaría y equipo, las nuevas contrataciones, las bonificaciones, el servicio de la deuda y la producción. Así, la decisión de subir el salario mínimo no es una decisión fácil e implica un fino balance entre los efectos de corto plazo sobre el poder de compra de los hogares, la estabilidad de las finanzas públicas y la competitividad de las empresas. No es una tarea fácil. (Una versión de esta columna de opinión fue publicada en el diario el País de Cali)